¡OJO ARMENIA, entregaron el municipio! 200613

Por Luis Fernando Jaramillo Arias

Entre las modificaciones dizque para adecuar el plan de desarrollo a la nueva circunstancia de la pandemia del Covid-19, el alcalde encargado Jorge Fernando Ospina Gómez presentó una solicitud ante el Concejo Municipal para que incluyera en las discusiones del plan de desarrollo 2020 2023 una autorización temporal para modificar la estructura de la administración, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración, para suprimir o fusionar entidades descentralizadas y constituir sociedades de economía mixta. Le agregaron otras facultades como prestar múltiples servicios catastrales, lo que tiene que ver con tributos y aprovechar plataformas tecnológicas para prestar servicios dizque eficientes.

El alcalde quedó facultado para adelantar todas las actuaciones, proferir actos administrativos y suscribir documentos que se requieran en la intervención de esquemas societarios o de asociación. También puede celebrar contratos con entidades de naturaleza pública o privada, adquirir participaciones accionarias suscribir convenios y contratos cuya finalidad sea el cumplimiento de programas y metas del plan de desarrollo. Así mismo, puede endeudar aún más la ciudad sin control alguno.

¿Para qué queremos Concejo entonces? ¿Para qué control ciudadano? ¿Para qué hacer elecciones? En la actual situación de interinidad, con el titular suspendido, se le entrega tal poder omnímodo a un alcalde encargado por el gobernador “de sus entrañas” que ocupaba la secretaría de hacienda de la gobernación y que viene de las administraciones nefastas de Óscar Castellanos y de sus predecesores en apuros con la justicia, como cosa rara nacido en Manizales, que va a tener tiempo suficiente para hacer con el municipio lo que le de la gana, no a él sino a sus “patrones”. Ya anoche había cola de contratistas en el CAN y en doce meses se hacen muchas tropelías.

He profesado afecto por Roberto Jairo Jaramillo pero me parece que ya se le fue la mano. Está entregando el municipio a las mafias de la politiquería, lo está entregando en aras de una carrera política y de unos afectos personales a lo más podrido de la política nacional. No puedo creer que Roberto Jairo llegue hasta ese extremo.

El Concejo Municipal le dio con la aprobación precipitada de este plan de desarrollo, una estocada mortal a nuestro Armenia. Cedió sus facultades, entregó su capacidad de control, dio tiempo suficiente para seguir el saqueo. Me sospecho que van por las empresas públicas y más concretamente por el acueducto. En todo caso, algo parecido a lo del alumbrado público.

Ahora también me despierta sospechas el viaje de José Manuel Ríos a la China. ¿Traería prospectos para entregarles el último activo interesante de nuestra ciudad?

Me surge otra pregunta: ¿Cambiará el sainete de contratos de 300, 400 hasta de 800 millones de pesitos por un golpe final a la ciudad y al departamento por cientos de miles de millones de pesos?

El señor César Augusto Pareja, a quien me precio de no conocer, debe estar haciendo fiesta porque ya se confirmó su decir permanente en muchos sitios de Armenia: “El alcalde soy yo”.

Otra noche de meditaciones 200603

Por Luis Fernando Jaramillo Arias

La vez que conocí a José Manuel Ríos me causó buena impresión. Inteligente, simpático, buen conversador, sabía algo de su historia de superación y eso reforzó esa primera idea, aunque la espinita del pasaje de “Filosofín”[1] me mantuvo en cierta inquietud. Al final pensé, cualquiera puede cometer un error y él parece auténtico.

Desafortunadamente, su figura se me fue desvaneciendo con el tiempo en el transcurso de la campaña política por la alcaldía. Tuve varias experiencias sobre su permisividad, sus malas compañías, el súbito incremento en su publicidad de campaña y las ofertas de compra de votos a su favor de las que fui testigo el día de los comicios. Hoy opino que se volvió un pillo; era un hombre exitoso, conocido, con una carrera meritoria y la ambición le rompió el saco.

Después de recibir la noticia sobre su suspensión en el ejercicio de la Alcaldía de Armenia por serios indicios en su contra, siento la necesidad de expresar que todos los puntos que relaté atrás me permiten hacer presunciones y emitir opiniones pero no soy juez. Él tiene derecho a defenderse y es la Justicia, nuestra justicia lenta y maltrecha la que dará el veredicto. Lo que decidan los jueces es lo que debemos acatar y es en esas manos en las que debemos dejar el caso de José Manuel.

Anoche le escribí a Javier Ramírez Mejía a quien el gobernador encargó de la alcaldía: “Su encargo es para mí, en medio de la zozobra y del mal momento, la esperanza de creer que podemos enderezar el rumbo. Déjeme decirte que confío en usted, no me vaya a defraudar" y él me contestó: “Mi convicción y respeto por lo público es infinito...tenga la absoluta seguridad que no voy a defraudarlo... solo le pido a Dios que me dé la sabiduría y la prudencia para ordenar la casa en un momento tan crítico para bien de la ciudad.” Me parece que Roberto Jairo hizo una buena designación.

Hoy quiero llamar a los Armenios a la unidad, al optimismo, a la búsqueda de soluciones. No hay noche sin amanecer. Hablemos de liderazgo público, hablemos de salud y prevención, hablemos de economía, hablemos de asuntos sociales, hablemos de virtualidad, hablemos de medio ambiente, hablemos de infraestructura, hablemos de desarrollo, en fin, hablemos de futuro. Dejemos el pasado en la historia y construyamos un mejor mañana. ¡Empecemos ya!

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[1] En la campaña por la Alcaldía de Armenia en 2015, Ríos en esa época candidato del partido de la U de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado, protagonizó un bochornoso momento al representar a su contendor Carlos Mario Álvarez con un tosco títere.

¿El Centro Democrático involucrado en problemas de corrupción? 200530

Por Luis Fernando Jaramillo Arias

Muchas personas me han hecho preguntas sobre rumores que corren acerca de algunos gobiernos apoyados por el partido involucrados en escándalos de corrupción y quiero dar a conocer mi opinión como simple ciudadano que participó, avalado por el partido, mi partido, en la contienda electoral por la alcaldía de Armenia.

Siento que efectivamente, el CD no ha tenido suerte en esta racha. El primer alcalde detenido en los procesos de denuncia de la Procuraduría, la fiscalía y la contraloría fue el de Guaduas, Germán Herrera Gómez, militante del partido, por actos de corrupción. En Calarcá, el alcalde suspendido Luis Alberto Balsero fue apoyado durante su campaña por una fracción del Centro Democrático.

En el caso de Armenia, José Manuel Ríos no tiene vínculo alguno con el partido. Él ha transitado por Cambio Radical, no sé si también por el liberalismo, se trató de inscribir a la alcaldía por un grupo significativo de ciudadanos pero no le alcanzó y se refugió en un partido de indígenas, el MAIS. No sé cómo consiguió el aval, no sé si estará incurso en doble militancia pero, lo que sí sé es que no tiene ni ha tenido que ver con el Centro Democrático.

Volviendo al tema de por qué se ha relacionado al CD en estos pasajes, me atrevo a decir que por mala organización y por falta de estructura. Sandra Sánchez, una aspirante al Concejo por el CD le aceptó la secretaría de infraestructura al alcalde a título personal pero el CD no se pronunció ante el punto. Yo no lo hice porque no tengo personería oficial en el partido y son Diego Javier Osorio, el representante a la Cámara del Quindío y jefe natural del partido en el departamento, el diputado Pedro León Martínez y el Comité Departamental del Partido en el Quindío quienes están llamados a hacerlo o a decidir no hacerlo.

En el caso de María Cristina Orozco, la directora del partido en el Quindío, ella hizo un contrato de servicios en su trabajo profesional que es el turismo, con la alcaldía. También lo hizo a título personal y no hizo, hasta donde yo sé, manifestación alguna a una estructura o persona con jerarquía en el partido. Tampoco aquí se manifestó el partido en la región. Las malas lenguas entonces han aprovechado la oportunidad y han enrostrado al CD la presencia de estas dos personas en un gobierno que nosotros consideramos espurio y corrupto. A mí no me afana porque esa representación no ha existido y, para repetir, las dos personas han desarrollado su actividad con responsabilidad particular e individual.

Ahora, con respecto a la veeduría Control Quindío, ella forma parte de la acción cívica que hemos querido desarrollar pero no está adscrita al partido. Aquí han salido a relucir malquerencias anteriores entre personas y algunos han criticado la acción de Álvaro Mejía el fundador de esta organización. Sin embargo, en mi sentir la crítica ha sido de carácter personal pero hay alguna confusión en la medida en que se mencionan ambiciones políticas. Álvaro es un prestigioso abogado conservador que apoyó a Roberto Jairo Jaramillo en su campaña a la Gobernación pero que se deslindó de él desde el principio del gobierno, no sé por qué razón. Cuando conocimos su proyecto de veeduría hablamos con él y decidimos unir fuerzas para adelantar una acción robusta y eficaz, y creo que en esa labor se ha logrado un buen avance. Al no estar adscrita al partido, la veeduría no tiene por qué entrar a expedir comunicados a nombre de la colectividad.

En cuanto a mí, he seguido mi camino de trabajar en un movimiento cívico por mi región, sin abdicar de las ideas del partido que son las mías. Mientras tanto, solo aspiro a que triunfe la esperanza y el sentido de patria, a que renazca el civismo y a que consigamos entre los jóvenes con quienes contamos, una generación de gobernantes probos que se esfuercen por el bien común.

200426 Que se vaya, aunque le vaya bien

Por Luis Fernando Jaramillo Arias

Durante la campaña electoral de 2019, la candidata del partido liberal a la alcaldía de Armenia prometía que durante su mandato se iba a implantar el pliego único que el exalcalde de Manizales en el período 2012- 2015, Jorge Eduardo Rojas Giraldo había impuesto en su ciudad donde sí se veían las obras.

Derrotada la doctora Correal, el ingeniero Rojas Giraldo renació para la contratación en el Quindío con contratos con la gobernación, la Lotería del Quindío y la promotora de vivienda Proviquindío. De manera simultánea, este superhéroe de la región inauguró la contratación de la capital con la Secretaría de Planeación Municipal y con la EPA (Empresas Públicas de Armenia) reuniendo ingresos para el pobre viejecito ingeniero Rojas por 214 millones de pesos, según el periodista Gilberto Montalvo.[1]

El alcalde Ríos ha sostenido que el perfil y la sabiduría de Rojas no se consigue aquí. “Nombrado el mejor alcalde de Colombia y exministro”, de eso no da la tierrita.

Según el gobernador Jaramillo “mi equipo de gobierno llegará en avión y no en carretilla” y un tripulante fundamental de ese avión fue el Ingeniero Rojas Giraldo.

La semana pasada se conoció que el fugaz exministro[2] renunció a sus contratos con el departamento. Quién sabe qué diferencias tendría con el gobernador y su equipo este buen amigo de Hernán Penagos Giraldo, ex diputado a la Asamblea, ex representante a la Cámara del departamento de Caldas y hoy presidente del Consejo Nacional Electoral. Pero Penagos también tiene otras relaciones con el Quindío. Pregúntenle por Gloria Inés Raigoza Pinzón, tía del concejal Bryant Stiven Naranjo Raigoza (¡Sí el de los mercados!) y por los contratos de familiares al interior de la alcaldía. Y es que Penagos ha sido muy querido con el departamento; tiene engavetada una denuncia contra partido liberal del Quindío en el Consejo Electoral, mediante la cual se revelan las actuaciones de ese partido como empresa criminal para torcerle el pescuezo a la voluntad popular en las elecciones de la región y sus municipios.

Tengo que expresar admiración y cariño por Manizales, ciudad de mis ancestros paternos, pero francamente como quindiano no entiendo las afinidades que se están dando ahora con personajes de la política caldense. Y no solo es con Rojas. El gobernador Jaramillo se ve muy acompasado con el senador, pacoreño de nacimiento, Mario Alberto Castaño Pérez, presidente de la Comisión IV de presupuesto del Senado de la República, miembro del partido liberal, el del MIL de Emilio Valencia y Luz Piedad, que parece que vino a redimir el Quindío de ese “venir en carretilla” que nos caracteriza, trayendo al gobierno, me imagino que en el mismo avión de Rojas, unos personajes amigos de la “Casa Gaviria” para fabricar quién sabe qué candidatura o qué futuro político mediante sus “buenas relaciones en Bogotá”. Lo que no se sabe es cómo un senador que obtuvo 1.600 votos en el Quindío logró ayudar de tal manera al gobernador Jaramillo que logró obtener una significativa cuota en el gabinete departamental en la primera tanda de nombramientos. El Secretario Jurídico y de Contratación, abogado José Fernando Ramírez Castaño oriundo de Filadelfia Caldas (que ya se aburrió en Armenia y se fue para su tierra desde el pasado 11 de marzo)[3], el gerente de la Promotora de Vivienda, Ingeniero Pablo César Herrera Correa[4], manizaleño y la Secretaria de Educación, Liliana María Sánchez Villada[5], manizaleña también. Lo curioso no solo es su lugar de nacimiento; sus carreras profesionales no han sido labradas en el Quindío. ¡Hay que darle oportunidades a la gente!

Pero volvamos al municipio y los contratos de Rojas. Se rumora que hoy lunes 27 de abril, el ingeniero manizaleño también renunciará a los contratos con la alcaldía y la EPA. Me alegro mucho por Diego Fernando Tobón Gil, un funcionario competente y capaz, que a pesar de que parece que ya le plantaron a Andrés Felipe Betancourt excandidato a la alcaldía de Manizales, ya sin la férula de Rojas tendría la oportunidad de lucirse en el trabajo del plan de desarrollo y el posterior del POT. Veo al alcalde tomando distancia. Ya no se refiere al “mejor alcalde de Colombia” sino a “este señor” y anuncia que “uno también tiene que ser sensible con la gente de acá y ese tipo de consideraciones uno también [sic] va como ajustándolas”.[6]

Espero que Rojas sienta la presión ciudadana que percibe en él un Caballo de Troya. Los indicios relatados y muchos otros más así lo revelan.

Ojalá se vaya… aunque le vaya bien.

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[1] No pudimos confirmar con precisión la suma total, pues el contrato con la Lotería se canceló sin egreso alguno y la EPA no ha publicado sus contratos en el SECOP, en flagrante contravención a las normas legales.

[2] Ministro de Transporte del gobierno Santos entre abril de 2016 y agosto de 2017.

[3] Experiencia como Fiscal Delegado de la Fiscalía General de la Nación ante Jueces Municipales y Promiscuos y como contratista del Hospital Geriátrico San Isidro

[4] Experiencia como Director Técnico del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales

[5] Experiencia en la gobernación del Risaralda como Secretario de Despacho

[6] Entrevista en Facebook con el periodista Pepillo Marín, publicada el 24 de abril de 2020

200419 “Crónica de una muerte anunciada”

Por Luis Fernando Jaramillo Arias

Ayer en la tarde circuló la noticia que “La Procuraduría 1ra Delegada para la Contratación Estatal en un trabajo conjunto con la Procuraduría Provincial de Armenia, Quindío, solicitaron al Alcalde José Manuel Ríos Morales la suspensión del contrato de alimentos concedido a la empresa ‘Guitarra & Coffee’”, seguramente por las denuncias de periodistas y por la de nuestro escrito sobre el análisis de los 100 días de gobierno del Alcalde. 

Dijimos en ese momento que “…la alcaldía decidió, también con el argumento de urgencia manifiesta, contratar sin controles el “suministro de servicios logístico, operativo y asistenciales para garantizar los servicios logístico y de restaurante, que requiere el personal administrativo, fuerza pública, organismos de control o voluntariado, que apoyan la gestión del municipio de armenia para atender la emergencia generada por el coronavirus Covid-19, en el municipio de Armenia”. Vaya uno a saber qué significa “suministro de servicios logístico, operativo y asistenciales para garantizar los servicios logístico y de restaurante…”, con lo cual cualquier control es imposible. La afortunada beneficiaria del contrato por trescientos millones de pesos ($300.000.000) fue la empresa Guitarra and Coffee S.A.S, que tiene como objeto social principal el Catering para eventos y cuya representante legal es la señora Jennifer Heredia Young. La señora Heredia tiene la cómoda posición de ejecutar el contrato entre el 3 de abril y el 30 de mayo o “hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra”.

Satisface ver que las entidades de control están ejerciendo su función, especialmente cuando la procuraduría señala que “… las evidencias advierten un posible quebrantamiento de los principios de transparencia, economía, responsabilidad y el deber de selección objetiva”, y vienen más.

No se trata de una persecución personal al alcalde. Se trata de llamarlo a que adelante actuaciones que no obedezcan más al cumplimiento de compromisos de campaña que a la voluntad de servir a la ciudad. Que enmiende nombramientos de personajes oriundos de otros lugares, con antecedentes de escándalos e investigaciones de la justicia; contratos hechos a la carrera, asignados a dedo en cabeza de contratistas sin probada capacidad; delegación de sus responsabilidades en cabeza de funcionarios de dudosa ortografía; prebendas y ceguera ante las actuaciones de algunos concejales, en fin.

Insistamos en pedirle a José Manuel que escuche lo que se le está pidiendo, que ponga seriedad a su momento histórico, cortando sus relaciones con los amigotes con que se asoció para llegar a la alcaldía, para que se concentre en atender los verdaderos intereses de nuestros conciudadanos.

200412 José Manuel, 100 días de gobierno

Por Luis Fernando Jaramillo Arias

He recibido durante estos meses varios llamados para que asuma una posición frente a la gestión del Alcalde de Armenia José Manuel Ríos. Yo he sido discreto con la respuesta aunque he intervenido a través de columnas que han tratado temas de interés y también haciendo propuestas constructivas. El papel de las personas que hacen trabajo crítico no es destruir lo que hacen los líderes sino ayudarles a construir y verificar si, como lo expresó el político Germano-Estadounidense Henry Kissinger, manejan la crisis mientras construyen el futuro. En eso estoy.

Inicialmente pensé que un hombre como José Manuel podría hacer un buen gobierno y sinceramente lo deseé, pues si a él le iba bien, a nuestra querida Armenia también le iría bien. Lo prudente, a pesar de mis dudas sobre la financiación de su campaña, era dar un compás de espera y aguardar hasta el momento simbólico de los cien días de gobierno, cumplidos el pasado jueves santo 9 de abril, qué balance se podría construir.

El compás de espera no me dejó argumentos para la ilusión y por eso escribo con la autoridad moral que me da una larga vida de trabajo honrado y con la autoridad política que me ofrece el respaldo de 21.476 votos limpios reportados por la registraduría en las elecciones del 27 de octubre de 2019, de personas de mi partido el Centro Democrático, del partido MIRA, del partido Conservador, de otros partidos y muchos de ciudadanos sin partido.

Compromisos y clientelismo

Dos nombramientos en su gabinete me llamaron la atención: El de Juan Carlos Patiño, exconcejal en cuyo período dio su voto positivo (con todo lo que se ha mencionado que implicó ese sí y el ningún pronunciamiento contra ese despreciable robo a la ciudadanía) y el del exconcejal Gerson Obed Peña, según se dice de la cuerda de un señor Toto que me honro en no conocer, como Secretario de Hacienda Municipal. El señor secretario de Hacienda es bastante hábil en cuidar la hacienda familiar, pues tiene “colocados” en Amable a su hijo Miguel Ángel Peña Patiño a su hija María José Peña Roncancio y a su esposa Luisa Fernanda Duque Nieves, y en Fonvivienda, a su suegro Octavio Duque Alzate y a su cuñada Estefanía Duque Nieves. ¡Así cualquiera, aunque la ley lo prohiba!

En la EPA, el alcalde nombró a la señora María del Pilar Herrera Pardo, una profesional poco conocida, que no tiene registro en la hoja de la función pública, hija de un personaje de ingrato recuerdo en su paso como gerente de la Empresa Sanitaria del Quindío, Esaquín, el señor Hugo Herrera Correa, con varias investigaciones y sanciones a cuestas por parte de la contraloría departamental, en procesos disciplinarios por contratación irregular, entrega de bienes e inmuebles y actuaciones anómalas en el ejercicio de funciones públicas. Las Empresas Públicas de Armenia merecen un gerente de la mayor jerarquía que la cuide de lo que hasta hoy los alcaldes han hecho con ella. Manejarla como la caja menor de la administración municipal.

Desde el inicio del año, el equipo de edición web del periódico El Quindiano, denunciaba que las cosas aparecieron arregladas. El Alcalde logró el apoyo casi total del Concejo Municipal, cuyo presidente Bryant Stiven Naranjo Raigoza también (¡Pura casualidad!) tiene a varios miembros de su familia gozando las mieles del trabajo, tan escaso por estos días, en la alcaldía.  Según me comentaba unos de los concejales, que me pidió reserva de su nombre, “el Alcalde se ha portado muy bien con nosotros”. ¿En qué consistirá ese “portarse bien”?

Nuevos mejores amigos

El alcalde es hombre inteligente, sociable y a todos nos regala un “Dios lo bendiga”. Creo que con esas características, con sus ojos azules tan bien explotados durante la campaña dirigida por su asesora estratégica Karen Gaviria, y con la financiación de su campaña, consiguió muy buenos amigos. Sus mecenas fueron “empresarios amigos” y el ya mencionado César Augusto Pareja Giraldo, conocido como “Toto”, compañero sentimental de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado, acusada por la Fiscalía el pasado 14 de agosto de 2019 de que “…la exfuncionaria estaría involucrada en irregularidades detectadas en la suscripción de los contratos de obra SID 001, 002, 003 y 004 de 2015” para favorecer al contratista José Carlos Vergara, a cambio de comisiones que habrían ascendido al 15% del valor de los contratos y así atracar el erario departamental en tres mil cuatrocientos cuarenta y tres millones, trescientos sesenta y un mil ochocientos sesenta y cuatro pesos ($3.443’361.864).

Otra amiga muy cercana ahora del alcalde Ríos es la exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, una distinguida militante del partido de la U, baronesa electoral en su tierra, experta en capotear escándalos desde 1992 hasta la fecha, relacionados entre otras cosas con desfalcos a la salud, cuotas políticas en Supersalud, la CVC, el Hospital Universitario del Valle, la Secretaría de Deportes de Cali, Emcali, la Secretaría de Salud del departamento y hasta un escándalo que involucró a su cuñado Jorge E. Caicedo Zamorano, notario tercero de Cali. Dilian Francisca es una muy buena profesora para José Manuel en la "nueva" forma de hacer política que se tomó el país, mediante la cual los medios no importan, solo los resultados.

También tenemos en este ramillete al senador, pacoreño de nacimiento, Mario Alberto Castaño Pérez, presidente de la Comisión IV de presupuesto del Senado de la República, miembro del partido Liberal, cuna del MIL, engendro de un señor al que le dicen “Carriel” y de su hija Luz Piedad Valencia hoy en la cárcel, que en su campaña electoral obtuvo 1.600 votos en el Quindío y ahora funge como nuestro líder y defensor, gracias al Alcalde de Armenia y al gobernador Roberto Jairo Jaramillo.

Las reuniones

Como nada queda oculto entre cielo y tierra, he sido enterado de reuniones efectuadas en varias partes y fechas estratégicas. Para no hacerme demasiado largo, mencionaré tres:

La de la Hacienda La Estampilla, en Roldanillo, Valle del Cauca, en predios del dueto Sandra Paola Hurtado y Toto, en los esfuerzos para perfilar a José Manuel Ríos como candidato a la alcaldía de Armenia. No tengo el detalle de por qué no lo promovieron por el partido de la U, pero al fin nuestro hoy alcalde consiguió el aval del partido Mais, Movimiento Alternativo Indígena y Social.

La del 1 de marzo de 2020 en la finca La Bretaña de propiedad de la familia del gerente de Amable Jesús Antonio Niño Sánchez, a la que asistieron entre otras personas el gobernador, el alcalde, el senador Mario Castaño, Antonio Restrepo Salazar, mi antiguo rival en la búsqueda por el aval del Centro Democrático a la alcaldía de Armenia militante ahora de no se qué partido y Toto quien, según el periodista Jorge Eliécer Orozco Dávila, fungió como anfitrión y que, también según otras versiones que he recibido, se ufanaba en la fiesta y lo ha repetido en varios sitios de Armenia con la expresión “el alcalde soy yo”. Me llamó la atención, de la información que recibí sobre esa fiesta, la presencia de la excandidata Piedad Correal Rubiano, probablemente ya reconciliada con el Alcalde Ríos después del “knock out” que le propinó con la grabación que consiguió para comprobar las triquiñuelas que Piedad utilizaba para hacerse con la Alcaldía, promovida por el alcalde Oscar Castellanos y su grupo de funcionarios.

En Pan y Café, de reciente ocurrencia, en la que Toto (¡Otra vez Toto!) recibió la visita de varios de los hoy funcionarios ganadores electorales de la contienda del 27 de octubre, con presupuestos en mano, para pagar “los favores recibidos”, como se hace en la plegaria al Espíritu Santo. Pareciera que Toto, estuviera en todas partes.

Ahora ayuda el Coronavirus

La pandemia ha sido un extraordinario parlante para la promoción de la actividad del Alcalde y para ayudarle en el pago de los compromisos de campaña. Muy activo, ha desplegado acciones de prevención, ha desafiado al gobierno nacional y ha promovido ayudas a los más necesitados. En un momento, pensando en que nuestra tarea es trabajar con las instituciones en bien de la comunidad, hasta le hice sugerencias sobre el apoyo a las personas que no contaban con ayudas del gobierno y me le ofrecí, luego de él lanzar su programa #yoteayudoarmenia, a servir de veedor para el mismo con el objeto de darle credibilidad a la labor que se realizaría. Me lo agradeció con su proverbial “Dios lo bendiga” y me remitió al Club Rotario, entidad a la que había encargado para manejar el programa incluido el manejo de unas cuentas para recolectar las ayudas, con la veeduría de la Universidad Von Humboldt. Excelente presentación que hasta me movió a recomendar en varios de los chats que manejamos en el movimiento ciudadano MISIÓN QUINDÍO, que podríamos canalizar nuestros esfuerzos por esa vía.

El Alcalde encargó al Club Rotario para girar los cheques de las compras dispuestas por él; la alcaldía maneja el correo electrónico yoteayudo@armenia.gov.co, filtra y cruza los nombres de más de 100.000 personas que según él han pedido ayuda, para garantizar que no tienen otros apoyos del gobierno, organiza la recepción y clasificación de los mercados y reparte, en muchos casos personalmente, las ayudas. Típica politiquería que impide el control sobre los proveedores, los beneficiarios, el producto que se entrega y la logística de distribución y hace la ayuda presentándola como un aporte personal. Hoy supongo que la primera donación a este programa que fue de los empleados de la alcaldía no fue tan voluntaria, y la de todo el sueldo del Alcalde de marzo, no deja de ser extraña porque ya el señor Ríos y reconocido por él, no tiene solvencia económica suficiente para ese tipo de donaciones. Me impresionó un mensaje en la página de Facebook del Alcalde Ríos en el que Mayimbu Arcila Bautista comenta que “le entregué mi voto de confianza, pero la verdad da vergüenza la forma como está haciendo la entrega de ayudas, creo que usted tiene secretarios de despacho donde cada uno se podría encargar de cada comuna, es falta de respeto ya que hay personas que estamos encerrados y ya no contamos con alimentos, usted pasa de casa en casa mientras que nosotros aguantamos hambre, creó que debe dejar el protagonismo” La voz del pueblo es la voz de Dios.

La cereza del Postre

Tiene razón Javier Baena cuando dice que los quindianos y concretamente los Armenios hemos sido indolentes y que hemos caído en manos de una serie ídolos de barro que hemos amasado porque se han burlado de nuestra ingenuidad, han abusado de nuestra precaria de actividad en el sector privado y de las necesidades económicas de nuestros conciudadanos, convirtiéndonos en alcahuetes ciegos del estrago que se le ha causado a nuestros bienes públicos. Me ha convencido Javier que se ha creado una verdadera escuela de la ciencia de la trampa electoral no solo a nivel público sino también en muchas de las esferas privadas. Honrosas excepciones hemos visto en personas que han actuado como Quijotes contra esos molinos de viento que literalmente los han “molido”. Las voces que hemos oído han arado en el mar.

Traté por muchos días de pensar que José Manuel actuaba en beneficio de la comunidad y no en el pago de favores y en el labrado de una carrera política hacia el futuro. Pero los hechos, uno tras otro, me llevaron a la conclusión que estábamos en la misma postración en la que Armenia está desde hace 30 años cuando el “chance” se tomó la política local y montó una empresa criminal para manejar la elección de sus alcaldes y la contratación del municipio, después de la casi exitosa experiencia de Carlos Lehder con su Movimiento Latino Nacional.

La voz de alarma la dio el periodista Gilberto Montalvo en su columna de “La Calle Real” titulada “Comenzó la corruptela”, en la que denunció la existencia de contratos irregulares, varios de ellos hechos por la alcaldía con las atribuciones de la Urgencia Manifiesta.

Personalmente me puse en la tarea de revisar los contratos y encontré, no solo lo que denunció Montalvo en cuanto a las irregularidades, sino también atentados contra la idea tan promovida de “Quindiano compra quindiano” porque parece que todo lo tenemos que importar o del vecindario o de otras regiones del país para darles participación en las decisiones de políticas públicas del Quindío como en el caso de Mario Castaño y contratos o participaciones, como ha sucedido con Jorge Eduardo Rojas Giraldo el excalcalde de Manizales premiado con contratos por más de doscientos catorce millones de pesos ($214.000.000) o con Seguridad Nápoles, una empresa bogotana favorecida con un contrato de cinco mil ciento ochenta y cuatro millones de pesos ($5.184.000.000) que compromete una vigencia futura de 2021 para dejar el “burro amarrado”.

Encontré también que en el afán de contratar y de pescar en el río revuelto de la pandemia, se han celebrado contratos como uno con la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales S.A.S.  empresa radicada en Cali, cuya actividad principal es el comercio al por mayor de productos alimenticios para el “suministro de guantes y tapabocas para atender la pandemia Covid-19 en las dependencias de la administración central y en el municipio de Armenia Quindío”, por trescientos cincuenta millones de pesos ($350.000.000), con un plazo de ejecución de 12 días y cuyo contrato publicado en SECOP, ni siquiera tiene la firma del representante legal de la empresa contratista.

Pero no contenta con los guantes y tapabocas que se contrataron con la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales S.A.S., la alcaldía contrató con el grupo Imaka S.A.S. representado legalmente por María del Carmen Granada Gómez, el "Suministro de insumos y elementos de bioseguridad, aseo y desinfección para atender la pandemia Covid-19 en las dependencias de la Administración Central y en el municipio de Armenia Quindío" por quinientos cincuenta millones de pesos ($550.000.000) para una vigencia de 13 días. Como curiosidad adicional, el grupo Imaka tiene como objeto social el “Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción”.

Y para cerrar con broche de oro, la alcaldía decidió, también con el argumento de urgencia manifiesta, contratar sin controles el “suministro de servicios logístico, operativo y asistenciales para garantizar los servicios logístico y de restaurante, que requiere el personal administrativo, fuerza pública, organismos de control o voluntariado, que apoyan la gestión del municipio de armenia para atender la emergencia generada por el coronavirus Covid-19, en el municipio de Armenia”. Vaya uno a saber qué significa “suministro de servicios logístico, operativo y asistenciales para garantizar los servicios logístico y de restaurante…”, con lo cual cualquier control es imposible. La afortunada beneficiaria del contrato por trescientos millones de pesos ($300.000.000) fue la empresa Guitarra and Coffee S.A.S, que tiene como objeto social principal el Catering para eventos y cuya representante legal es la señora Jennifer Heredia Young. La señora Heredia tiene la cómoda posición de ejecutar el contrato entre el 3 de abril y el 30 de mayo o “hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra”. Deduzca usted.

En estos contratos no aparece el alcalde Ríos Morales como firmante; no me imagino dónde estaba ni por qué delegó tales responsabilidades, pero hay una persona siempre presente. La doctora Gabriela Valencia Velásquez, directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de la Alcaldía de Armenia. Buena delegación: Cotizó, compró y firmó por urgencia manifiesta. Cero controles.

Los ratones cuidando el queso

Los decretos que han permitido a los alcaldes y gobernadores hacer traslados presupuestales, así como celebrar contratos de urgencia manifiesta, se han promulgado para dar agilidad a los procesos y poder atender la emergencia con oportunidad. Pero el gobierno nacional no cayó en cuenta en que para algunos de los alcaldes y gobernadores del país, cuya excepción no es el Quindío, es una oportunidad de oro para pagar sus compromisos de campaña, para llenar sus bolsillos y para hacer del erario lo que ellos y sus mecenas tengan a bien. Eso es nada más y nada menos que poner a los ratones a cuidar el queso.

De manera muy enfática, soportado con los argumentos que pongo en este escrito, no solamente aportados por mí sino por respetados hombres de empresa, profesionales y periodistas probos e independientes, le solicito a la presidencia de la República y a las entidades de control que tengan muy en cuenta nuestra región para hacer un seguimiento muy cercano a los procesos de contratación de todas las entidades públicas.

Mi triste conclusión. José Manuel va perdiendo el año porque, si como lo sugieren todos los indicios y documentos presentados aquí, en lugar de estar pagando compromisos y haciendo politiquería, debería ponerle seriedad a su momento histórico para atender los verdaderos intereses de nuestros conciudadanos.

Propuestas de enmienda o reconsideración de los Acuerdos Gobierno Farc, no aprobados por el resultado del Plebiscito del 2 de octubre de 2016, según la sentencia C379/16 de la Corte Constitucional

Presentadas por el ciudadano Luis Fernando Jaramillo Arias con cédula de ciudadanía # 7.514.805

luisfjaramillo@gmail.com

Consideraciones y propuestas de carácter general

1.- No cabe duda que el momento histórico que se ha propiciado con toda la actividad desplegada para lograr los acuerdos de la referencia es muy importante, pero más trascendental es ver el país unido, no polarizado, en la búsqueda de una paz digna. Por eso, si podemos salvar la intención expresada por las partes,  a pesar de todas las dificultades que pueden suceder, se va a salvar un esfuerzo colectivo y se van a preservar la Institucionalidad Nacional, el modelo económico de Libre Empresa, las Libertades, Deberes y Derechos consignados en la Constitución Nacional y el Sistema Democrático con una creíble separación de poderes.
De otro lado, el mundo ve con buenos ojos la posibilidad de un acuerdo en Colombia. Ya le fue conferido al presidente Santos el Premio Nobel de la Paz y muchas instituciones y gobiernos serios están al tanto de las cosas. Sin embargo no cabe duda que hay apoyos que no se ven con buenos ojos por la vocación demostrada de acciones antidemocráticas y contrarias a los derechos humanos que han practicado gobiernos vecinos de izquierda populista.
El texto del acuerdo, escrito con un lenguaje básico y una reiterativa jerga de género que se considera ahora el lenguaje "incluyente", y la permanente referencia a minorías  específicas transmite un sabor de discriminación, sin mencionarlas, contra las mayorías y las personas del común que hemos aceptado el imperio de la Ley emanada por las instituciones legítimas.

Propuesta 1: Depurar el texto de repeticiones y reiteraciones innecesarias que solo confunden y hacen poco inteligible el espíritu de la redacción
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2.- Existe en la redacción una permanente mención a diferentes clases de enfoque pero no hay un glosario que defina conceptos. Las Farc y su asesor jurídico Enrique Santiago Romero son maestros de la ambigüedad para acomodar los textos a su propia interpretación. Se necesita un acuerdo previo para evitar que el país se llene de confusión originada en un partido interesado en llegar al poder para implantar un régimen comunista. Por ejemplo; ¿Qué es enfoque territorial? ¿Qué define un territorio? ¿Quién lo encarna y quién lo representa? ¿Cómo se decide?

Propuesta 2: Agregar un glosario donde se aclare una sola forma de interpretación de todos los conceptos. _________________________________________________________________________________

3.- En referencia a la seguridad jurídica del sistema de libre empresa, hay un aparte que tranquiliza en el capítulo agrario al decir que, en la jurisdicción agraria que se cree, el Gobierno se asegurará de la existencia de un recurso ágil y expedito para la protección de los derechos de propiedad. Sin embargo, en todo el acuerdo se enfatiza en el fomento solo de sistemas de agricultura familiar, se prescriben entregas gratuitas de tierra e inembargabilidad de lo entregado, sin hacer mención alguna a la protección de la agricultura empresarial y a la seguridad jurídica de la libre empresa, de cualquier tamaño que ella sea.

Propuesta 3: Eliminar la gratuidad y los elementos que han demostrado que perpetúan la pobreza y promueven la cultura del no pago. Así mismo, mencionar, cuando se habla de protección a la seguridad jurídica, a la mediana y gran empresa.
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4.- El acuerdo crea una gran cantidad de agencias y comisiones en las que participarían las Farc, como el Pacto Político Nacional, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Unidad Especial de Investigación, el Cuerpo Élite en la Policía Nacional, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción, la misma Jurisdicción Especial para la Paz y muchas más que sustituyen o reemplazan las instituciones vigentes, estableciendo una ‘paraestatalidad’ que haría ingobernable a Colombia.

Propuesta 4: Adaptar las instituciones nacionales, definiéndoles las funciones que deben cumplir en el marco de un acuerdo y crear un mecanismo de límite en el tiempo y prioridad para cumplirlas, similar al que tiene la Acción de Tutela.
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5.- El presidente Santos es un mandatario con bajos índices de aprobación que acaba de perder el esfuerzo de refrendar el acuerdo que suscribió; de otra parte, las Farc tampoco tienen un arraigo popular que provenga de una fuente de legitimidad diferente al uso a su antojo de la presión de las armas, ni hicieron declaración de principios ni de dejación de formas combinadas de lucha en su búsqueda del poder.

Propuesta 5: Prohibir nuevos intentos de eliminar el proceso legal establecido para la aprobación de iniciativas sobre normas, la búsqueda de leyes habilitantes y de reformas e interpretaciones artificiosas de las Leyes, sometiendo los nuevos acuerdos y los mecanismos de implementación a los procedimientos vigentes.
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6.- El acuerdo solo menciona intenciones de las Farc, y no deberes específicos. Igualmente no declara en sumas reales el compromiso de reparación que dicen que van a asumir porque paralelamente expresan que no tienen recursos. En vía contraria, el Estado asume compromisos de ejecutar y monetarios en unos montos que, a la luz de la capacidad fiscal actual, no se pueden cumplir. Es necesario poder monitorear la ejecución, atender la realidad, precisar las fuentes de recursos y cumplir la Regla Fiscal de tal forma que no se trunque el Desarrollo Económico y se mantenga el interés privado por la Inversión.

Propuesta 6: Precisar los compromisos de ambas partes en tiempo y montos de forma trazable y monitoreable.
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7.- La participación es una idea vendedora. Pero hablar de participación sin instrumentos ni fórmulas de decisión es invitar a una 'pelotera' permanente y a una cantinela de derechos que invitarán al chantaje permanente contra el gobierno y el desarrollo empresarial del país. Hay una gran falla en el esquema de participación ciudadana a priori y sería interesante pensar mejor en el control ciudadano a posteriori como un mecanismo complementario a la acción democrática y al sistema representativo. Cuando se tiene una participación caótica, la probabilidad de que impere el que más grita, que aparezca el chantaje de masas o que alguno se aproveche de la ignorancia de la población, se torna alta y puede conducir a decisiones de malas consecuencias.

Propuesta 7: Definir los mecanismos de participación ciudadana con el establecimiento de un claro sistema de decisiones y el alcance de ellas.
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8.- El acuerdo privilegia de manera clara un grupo de personas. Los demás ciudadanos, más del 99,9% de la población total, resentimos esta discriminación y muy seguramente muchos se preguntarán si no es mejor ser “malo” (Subversivo)  que “bueno” (Sometido a la Ley).

Propuesta 8: Agregar la opción que quien se quiera acoger a los privilegios judiciales concedidos por el acuerdo a los subversivos lo puede hacer mediante un mecanismo expedito. Ciudadanos, militares, condenados y sindicados. Así mismo limitar hasta el extremo los beneficios económicos para los miembros de la guerrilla, a los que no acceden los ciudadanos del común.
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Sobre Justicia Transicional

9.- El tribunal especial que consta de 64 magistrados de los cuales 14 son extranjeros, que no tiene tiempo de vigencia, puede revisar todas las sentencias y decisiones de las Cortes, la Procuraduría y la Contraloría, puede funcionar como un tribunal Ad-hoc que funciona hacia atrás y no se sabe cómo se compatibilizará la nueva justicia con la Justicia vigente.

Propuesta 9: Eliminar las instituciones de justicia paralela, dejar la Administración de Justicia en cabeza de las instituciones vigentes y establecer una fórmula de tiempo que, de manera similar a lo que sucede con la Acción de Tutela, presione el funcionamiento del sistema.
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10.- El acuerdo establece un sistema que elimina el principio del caso juzgado y permite que, con iniciativas de algunas organizaciones se rehagan procesos y se pueda sindicar a personas sin suficientes argumentos, pues no solo la Fiscalía General de la Nación puede acusar a los ciudadanos.

Propuesta 10: Eliminar la retroactividad establecida para la Justicia Transicional y dejar solo en la Fiscalía la potestad de acusar a los ciudadanos.
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Temas rurales 

11.- El sector Agropecuario es el único de la economía que se menciona taxativamente en el acuerdo suscrito, para intervenirlo. El capítulo Agrario es el programa de las Farc en las zonas rurales, con todo el detalle de acciones específicas, con bienes públicos para todos sin mención de costos ni de fuentes de recursos para conseguirlos, siempre con lenguaje de género y visión comunitaria. Hasta promueve la organización de compras públicas estilo IDEMA, que con tanta dificultad se logró desmontar para evitar la corrupción que este tipo de mecanismos conlleva, como lo puede testimoniar Colombia en aquel caso y en los días actuales se puede observar en Cuba con su Libreta de Racionamiento y sus TRD, así como en Venezuela con sus CLAPS.
Por otra parte, el acuerdo echa por la borda todos los esfuerzos bien intencionados del Estado Colombiano durante muchas décadas por resolver los problemas nacionales, a través de los mecanismos posibles en una Democracia imperfecta pero al fin y al cabo Democracia y da por hecho que existen unas causas objetivas en el accionar de la guerrilla, aceptando que se deben “Solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños.” La mención adicional del "problema estructural de la tierra" y la prescripción de mecanismos de diálogo comunitario con las empresas en los que seguramente habrá imposiciones de las comunidades. En la realidad, es la aparición de un nuevo modelo económico en el campo y la reafirmación de un inaceptable mecanismo que abre las vías a una riesgosa democratería Ad-hoc. Las empresas rurales son las únicas que se tocan en el acuerdo y se les condiciona su accionar a dispensas de comunidades y otras instancias creadas por el instrumento.
Es afortunada la mención a la seguridad jurídica y social, especialmente a la pequeña y mediana propiedad rural, pero no se protege la agricultura empresarial como el medio más adecuado para avanzar en la provisión de bienes públicos rurales, el mantenimiento  de la formalidad y la forma más idónea de promover la sustitución de cultivos ilícitos.

Propuesta 11: Poner la agricultura empresarial en el mismo nivel de los demás sectores económicos de la nación, prescribiendo su apego a la Ley, eliminando las restricciones y consultas y mencionando taxativamente el respeto a la propiedad privada, al modelo económico de libre empresa y la protección de la seguridad jurídica para todos.
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Sobre Participación Política 

12.- Los partidos tradicionales, vilipendiados y corrompidos en muchas de sus estructuras, como también lo han sido los políticos, los gobiernos, las empresas. Sin embargo, esos son los que tenemos porque, como lo dijo alguna vez el Darío Echandía, “debemos saber que no estamos en Dinamarca sino en Cundinamarca”. El mismo dirigente expresó que “es mejor echar lengua que echar bala” y por eso se justifican los acuerdos. Pero ellos no pueden ser discriminatorios contra nadie y en este caso lo son los partidos. Es importante que puedan participar en igualdad de condiciones, obtengan equilibrios que les permitan también, así como el partido que constituyan las Farc, asesorar en la programación del canal institucional de televisión para la divulgación de sus respectivas plataformas políticas. También se discrimina en favor de las Farc cuando se les permite influir en la conformación del tribunal de justicia transicional y de tantas otras comisiones, pero se prohíbe a los partidos políticos hacerlo.
Se acordó que a la guerrilla de las Farc, se le iba a dar 5 senadores y 5 representantes a la Cámara “gratis”. Adicionalmente, se crean 16 circunscripciones electorales especiales donde para acceder a la representación no pueden participar los partidos tradicionales. Esto significa que en las zonas donde las personas tendrían esas circunscripciones, se podría votar por representantes de las mismas y por los representantes de la circunscripción departamental con doble voto. La práctica será que las Farc tendría, además de los congresistas otorgados sin costo electoral, la totalidad de los 16 representantes de las circunscripciones electorales especiales.
Fuera de lo anterior, tendrían 10% del presupuesto de los partidos, un 5% más para publicidad y otro 5% para un centro de pensamiento; un canal institucional de televisión y 31 emisoras comunitarias manejadas por Ecomún; por último, participación en los presupuestos de las zonas especiales.

Propuesta 12: Incluir las fuerzas vivas del país y concretamente a todos los partidos en todas las opciones que se otorgaron a las Farc. Eliminar las circunscripciones especiales y las prebendas de manejo de emisoras y presupuestos que se les otorgaron a las Farc, igualando en todo las posibilidades de los demás partidos y permitiendo el libre juego democrático en todo el país. De la misma manera, Buscar que los partidos tradicionales participen y obtengan equilibrios en la comisión con representantes de los partidos y movimientos políticos y organizaciones y movimientos sociales más representativos para asesorar en la programación del canal institucional de televisión cerrada orientado a los partidos para la divulgación de sus plataformas políticas.

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Sobre fin del conflicto

13.- Es posible pensar, por la redacción, que todos los que estén en los campamentos tenga cada uno un arma. Eso significaría que es difícil el ingreso de colados pero no es imposible que cualquier revólver  hechizo sea considerado un arma que acredite un guerrillero sujeto de beneficios y subsidios.

Propuesta 13: Aclarar en los protocolos de fin de conflicto y entrega de armas que la lista de miembros de la guerrilla se debe entregar con anticipación

CONSIDERACIONES EN LA NEGOCIACIÓN Y ACUERDOS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS

Antecedentes

Al inicio del gobierno Uribe, Colombia tomó la decisión política de adelantar un proceso de negociación para establecer un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos de América, país que está empeñado en una agresiva campaña comercial, a tal punto que a la fecha cuenta con más de 30 tratados bilaterales con países de América Latina, Asia, Medio Oriente y África.
Colombia por su parte, ya hace parte de la OMC, del Grupo Cairns (coalición de 17 países exportadores agrícolas que suman el 23% del comercio mundial del sector: Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelandia, Paraguay, Filipinas, Sur África, Tailandia y Uruguay) y participó activamente en la Ronda Uruguay, en Doha y en Cancún. Mantiene vigentes tratados en el ámbito de ALADI, G3, CAN y MERCOSUR, y se está preparando para las negociaciones en ALCA, y en un TLC CAN-Unión Europea
El trabajo de preparación exigió estudios técnicos y jurídicos, de los cuales resultaron las directrices que se produjeron, las cuales se pueden resumir así

Principios Guía de la negociación

1. Equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
2. Respeto a los acuerdos multilaterales suscritos por Colombia
3. Equidad en las condiciones de competencia
4. Asimetría
5. Balance entre los intereses de Colombia y los de Estados Unidos en las áreas de negociación distintas de las de acceso
6. Debe diferenciarse a favor de Colombia frente a los demás acuerdos de libre comercio suscritos por los Estados Unidos
7. El sector agropecuario debe ser una ganador neto de la negociación

Impactos esperados

1. Beneficios y costos sociales de largo plazo
2. Impactos distributivos entre grupos de la sociedad

Mecanismo de negociación

1. Equipos negociadores de parte de cada país
2. Rondas con sesiones bilaterales y primarias
3. Acuerdos en textos
4. Single Undertaking (“nada está negociado hasta que todo esté negociado”)
5. funcionamiento de un “Cuarto de al Lado” con representación gremial y regional
6. Aprobación por parte de los congresos

Metas

Aunque no se mencionan taxativamente en la literatura, es de suponer que el gobierno tenga algunas metas medibles que deberían ser el crecimiento del PIB per-cápita, el aumento de las exportaciones, el Índice GINI de distribución de la riqueza, la tasa de desempleo, y el Índice de equilibrio entre las regiones y sus diversas provincias rurales.

Base ideológica

Detrás de los tratados de libre comercio hay consideraciones ideológicas de bulto. Se trata de imponer la economía de mercado, planteado todo en función de las necesidades del consumidor que es la mayoría de la población, para asignar eficientemente los recursos, permitiendo el desarrollo de los sectores con mejores ventajas comparativas y competitivas y aceptando el languidecimiento de los que no las tienen.

En teoría, las negociaciones deben hacerse en función de los consumidores y no de los productores. Se supone que los consumidores capacitados escogen con racionalidad, compran al más eficiente y logran en el largo plazo el bienestar de la sociedad.

Hasta ahí todo bien, si el mercado no tiene imperfecciones y si toda la población es consumidora. En los países pobres podemos adoptar esta ideología con las correcciones pertinentes en un ambiente donde el mercado tiene imperfecciones y donde la población que vive en condiciones de pobreza extrema no es consumidora. Si la firma del tratado es irreversible, nuestra tarea es lograr conformar una negociación que abarque la población más amplia posible, tenga mecanismos de corrección de imperfecciones y ponga al país en un sendero de verdadero crecimiento equitativo.

Los Objetivos y Motivaciones

Colombia

En primer lugar, es importante tratar de identificar las motivaciones y objetivos que están detrás de un compromiso de la magnitud del que nos ocupa. El gobierno colombiano ha evadido la discusión ideológica y se ha embarcado por puro pragmatismo en la hipótesis de que los países en desarrollo que se han sometido al libre comercio han podido crecer, mientras aquellos que han permanecido cerrados, logran crecimientos bastante menores. Las tasas de crecimiento son en términos macro la forma de medir que se den mejores oportunidades a la población y se aumente la actividad económica para que se incremente el bienestar de la gente. Es necesario decir que el crecimiento es la única salida factible que tiene un país que maneja hoy una deuda prácticamente impagable, un déficit fiscal que ya casi llega a los 5 puntos del PIB y una serie de megaproblemas por resolver tales como el agotamiento de las reservas pensionales del ISS, una crisis energética en ciernes, la quiebra de muchas entidades territoriales, así como una rigidez en las transferencias a los municipios que fueron prescritas por la constitución del 91 sin tener en cuenta las fuentes de los recursos. Si a esto se une un gasto militar en franco crecimiento debido a la lucha contra los grupos armados que ha sido eficazmente apoyada por el gobierno de los Estados Unidos con pertrechos y con dinero, el gobierno no tiene otra salida que firmar el tratado para intentar crecer y para mantener en firme ese socio estratégico que fue el puntal generoso que contribuyó a la solución de la crisis mexicana cuando se presentó a finales de 1994 y principios de 1995.

Los colombianos deberíamos exigir una plantilla de metas para confrontar al gobierno como a cualquier gerencia. El Presidente debe dar una línea política de objetivos ofensivos y defensivos del tratado mediante una lista corta que, siendo pública se convierta en un propósito taxativo de sus funcionarios. En este orden de ideas la posible reelección del presidente tiene como factor positivo que él tendría que administrar las consecuencias inmediatas del tratado y responder por ello.

México que constituye la experiencia más aproximada, no cumple al cabo de los 10 años el objetivo del crecimiento, aunque si muestra una serie de variables macroeconómicas con signos positivos. La deuda ha bajado, los recaudos se han incrementado, las exportaciones han subido y las importaciones también han registrado aumentos. Con este panorama vale preguntarse. Si no se ha cumplido el objetivo básico, ¿Para qué el tratado? La respuesta parece ser que hay elementos colaterales, atribuibles al tratado que es posible que se valoren mucho por parte de los gobiernos. Se le pueden pasar las facturas de las reformas que la coyuntura política no ha dejado hacer y que se consideran necesarias (léanse entre otras la del régimen de pensiones y la del sistema de transferencias) y también se puede estar pensando en que la presencia del “gran policía” puede lograr que nos pongamos serios en el cumplimiento de leyes, normas y convenios internacionales, de manera muy diferente a como ha sido la experiencia con la Comunidad Andina de Naciones.

En cuanto a la responsabilidad, es muy importante advertir que la intervención del sector privado no obliga a los negociadores y que los concurrentes al “cuarto de al lado” hemos tenido toda clase de oportunidades para hablar con el Gobierno pero no hemos participado en las negociaciones. Por ello, la responsabilidad de las decisiones recae en un 100% sobre los hombros del gobierno nacional.

Estados Unidos

El gobierno norteamericano debe estar buscando también el incremento de su comercio, comoquiera que la participación colombiana en el déficit de la balanza comercial agropecuaria estadounidense alcanza el 7.4%, pero mucho más importante, en un marco geoestratégico estará pensando en lograr alineaciones hacia su política exterior, al tiempo que requiere consolidar la estabilidad en su zona de influencia cercana, hoy muy amenazada por tendencias izquierdizantes y antiyankis. El desorden en estos países incrementa la amenaza del narcotráfico y aumenta la presión migratoria que tanto preocupa a los estadounidenses

Margen de maniobra

Cada país tiene sus propias opciones. Estados Unidos puede en cualquier momento tomar la decisión de no firmar el tratado por sus circunstancias políticas internas. Este hecho situaría a Colombia en una buena posición porque además de frenarse la firma de otros tratados que están pendientes de ser reconfirmados, le daría un tiempo para seguir haciendo su esfuerzo propio sin tener que pelearse con su socio estratégico. Colombia también tiene la opción de conformar un bloque latinoamericano apoyándose en Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina, pero parece claro que este no es el camino que va a tomar este gobierno.

Acción negociadora

Si se firma el tratado, es imperativo no excluir sectores por poderosos que ellos sean porque la coexistencia de niveles de protección diferentes es tremendamente perjudicial para la economía como un todo y todo ello va en contravía de la competitividad. Paralelamente, la negociación debe tener enfoque de cadena para que no haya desequilibrios intrasectoriales. Todos los eslabones deben someterse a la misma desprotección.

Colombia debe intentar que el tratado comprometa el comercio de servicios al igual que el de productos, pues un país como el nuestro no se puede dar el lujo de cerrar puertas a su inteligencia y capacidad creativa.

En México han sido muy perjudiciales ciertas cartas aclaratorias (side letters en el lenguaje de los acuerdos) que se han interpretado favorablemente para los Estados Unidos sin otra personería que la de haber sido escritas por funcionarios de turno en el gobierno. Colombia tiene una muy amarga y aleccionadora experiencia en este tipo de cartas si recuerda la entrega de los islotes de los Monjes a Venezuela a través de una simple carta oficial que a la hora de nona se esgrimió como prueba por parte de nuestro país vecino. Los negociadores deben excluir taxativamente este tipo de comunicaciones o de interpretaciones del tratado. Por ello el mecanismo más importante y expedito del tratado debe ser el de solución de controversias. De él depende el éxito.

Del trato con nuestros negociadores surge la impresión de que son bien intencionados pero muy respetuosos con el rival. Es frecuente oír expresiones como “eso no lo aceptan los gringos”, “si les proponemos eso se paran de la mesa” o “eso nunca se ha logrado en un tratado”. Colombia tiene que aprovechar su situación política y su importancia geoestratégica que son cartas fuertes de negociación, para lograr acuerdos favorables, especialmente en temas de fondo que produzcan consecuencias mediante reglas permanentes y no necesariamente hacer tanto énfasis en los mecanismos de transición que, sin restarles la importancia que tienen, luego se convierten en aspectos numéricos que hacen mucho más ruido pero que son transitorios por definición.

Por otra parte, en la OMC, el GATT y en los tratados multilaterales de comercio en general se aceptan tratamientos especiales para países de menor desarrollo relativo, acudiendo a los cuales podríamos mantener una posición negociadora más audaz. El cartucho de la acción multilateral no se puede quemar en un tratado bilateral como el TLC. No podemos pensar en que los mecanismos de salvaguardia sean solamente para la transición, ni que las asimetrías se dejen para medir después sin tener un mecanismo previo suficientemente objetivo y aceptado por las partes.

Las desgravaciones deben iniciarse desde el principio, porque se cae en el peligro de presentar una negociación “muy favorable”, y entusiasmar un sector que no entiende la minucia, lo cual fomentaría artificialmente una actividad que de un momento a otro se vería sometida a una reducción drástica de aranceles. Son mejores los desmontes graduales pero ciertos desde el inicio.

La gran conclusión debe ser un tratado con reglas claras, que no deje discrecionalidades que pueda aprovechar el más poderoso, con visión de equidad, que deje abiertas las puertas para obtener rentabilidad y con un sistema ágil y eficaz de solución de controversias donde las partes involucradas tengan posibilidades equilibradas de actuación.

Lo que viene

Todos los sectores tienen que prepararse para recibir las consecuencias del tratado. Aquellos que tienen ventajas comparativas o capacidades singulares identificadas, para aprovecharlas; los que crean que no pueden resistir la avalancha, para reconvertirse y los que piensen que pueden mantenerse con mejoras en su competitividad, para realizar las reconversiones del caso. En este sentido es necesario tener presente que la comparación de ventajas no solo debe hacerse con los Estados Unidos porque como todos los países están en la onda de la globalización son de especial cuidado los que tienen convenios comerciales con el país del norte y que tienen una canasta de producción similar a la nuestra.

Lo que también debe tenerse en cuenta es no intentar desarrollar sectores que creen prosperidad artificial. En México ha producido mucho ruido la maquila, pero al hacer cuentas el valor agregado que ella produce es muy bajo. Sus insumos son importados, su dirección es importada, la gestión es importada y los empresarios son extranjeros. En el neto queda muy poco y su comportamiento es el de un “recurso golondrina”.

Habrá que tomar conciencia de que un TLC con Estados Unidos nos cambiará la vida. Para bien a algunos, para mal a otros. Habrá ganadores y perdedores, pero precisamos que el gobierno haga una negociación que beneficie la sociedad como un todo. Cambian los patrones de consumo, cambian las circunstancias de negocio, cambia el número de oportunidades, cambian los interlocutores.

En la práctica es necesario fomentar el estudio del idioma Inglés y esperar que se tengan que producir contrataciones de asesores y bufetes norteamericanos a costos que nos van a parecer altísimos. Para esto hay que iniciar actividades que permitan el acceso a reservas institucionalizadas y constituir seguros nacionales para la atención de casos legales en las cortes de los Estados Unidos. Tampoco va a ser extraño que aparezcan incongruencias entre normas estatales y normas federales que podrían constituirse en otra barrera no contemplada hasta hoy.

Post-tratado

El trabajo comenzará después de la firma del tratado. La labor didáctica para aprovechar las oportunidades no se debe dejar esperar y los puntos que vayan surgiendo se deben resolver a la mayor brevedad. Por eso deben quedar en todo sentido reglas claras, construidas sobre principios de equidad (no de igualdad entre desiguales) y con la verdad como valor supremo.

La globalización no debe ser una situación solamente favorable a los más fuertes o a los países ricos. Por eso, deben dejarse algunas tareas para emprender en forma inmediata y al otro día de firmar el tratado iniciar los esfuerzos para lograr la verdadera globalización entendida como la libre movilidad de los recursos móviles, incluida la mano de obra. No cabe aceptar que los capitales se puedan mover de un lado a otro ante una simple expectativa, mientras masas de trabajadores luchan por salarios de hambre en economías pobres cuando pueden ofrecer sus servicios eficiente y cumplidamente en países más desarrollados.

En la arena política local, será imperativo hacer adaptaciones legislativas y reformas que conduzcan a mejorar la competitividad como por ejemplo en flexibilización laboral.

Algo que también se requerirá, es enfatizar en el mantenimiento de información fidedigna para que produzca confianza. Los sesgos creados por información deficiente, extemporánea o no existente son altísimos y se van a requerir controles para que los productores sometidos a programas de reconversión con ayudas gubernamentales sean los que son con el fin de lograr una adecuada asignación de los recursos. En este tema Colombia ha emprendido acciones y debe continuar haciéndolo a través del recurso de la información fiscal la cual debe empalmar con las estadísticas nacionales centralizadas en un DANE independiente, confiable y oportuno.

El sector agropecuario

En el análisis de nuestra agricultura, los partidarios a ultranza del libre comercio dicen que se debe dejar que el mercado asigne eficientemente los recursos, permita el desarrollo de sectores con ventajas comparativas y competitivas y que los subsidios de los países ricos se deben aprovechar en beneficio de los consumidores de los países pobres. Pero, ¿en qué van a quedar nuestros pequeños agricultores? ¿Con quién vamos a ocupar el territorio? ¿Cuál va a ser nuestro nivel de seguridad alimentaria? ¿Quién va a defender nuestra biodiversidad? ¿Cómo vamos a sostener nuestras raíces culturales? Estos puntos vale la pena tenerlos claros para que él país sepa cuánto le van a costar. Una parte muy importante del sector agropecuario colombiano no puede resistir el embate del tratado y si se encuentran razones para sostener sin consideraciones de mercado cualquier fracción de ese sector, hay que pagar por ello porque el problema rural-agropecuario no es del sector; es del País, que tiene que definir para qué le sirve lo rural y cuál va a ser su sendero en estos temas de seguridad, culturales, ecológicos, de sostenibilidad y de desarrollo territorial.

Otro de los elementos clave para que el sector consiga su desarrollo y mejore su competitividad es el crédito rural institucional que no se puede dejar desaparecer. No en vano los países desarrollados mantienen mecanismos de altísima protección que (¡otra vez las asimetrías!), están reglados por normas en las que las dificultades propias de los países pobres no les permiten actuar de la misma forma. El reto más importante en términos de financiamiento es el del acceso, pues nuestros campesinos han tenido que acudir a fuentes no tradicionales (como la financiación de insumos por parte de proveedores) debido a que no son sujetos de crédito para la banca. La politización fue el enemigo más importante que tuvo la fracasada Caja Agraria.

Ya hemos dicho que un principio rector del tratado debe ser el equilibrio. Los Estados Unidos es un país paciente que sabe que no hay plazo que no se cumpla. Por eso, las salvaguardias que se negocien tienen que ser permanentes y subsistir mientras los subsidios de los países desarrollados persistan. ¿En qué condiciones de equilibrio quedaremos si dentro de 12 o 15 años nuestros productos se ven sometidos a la competencia abierta y los de ellos cuentan con las ayudas? Este país no puede correr ese riesgo.

Otro componente es el denominado Agenda Interna para que el desarrollo de las obras de infraestructura y las adaptaciones legales permita la competencia en condiciones adecuadas. Esta Agenda Interna y los recursos que se obtengan para reconversiones como resultado de un programa de competitividad que debe acompañar cualquier negociación, deben quedar garantizados en documentos que obliguen a este y a los gobiernos por venir. Nada nos ganaremos con unos extraordinarios planes que con el transcurso de los años no se cumplan, entre otras cosas porque si el costo país es muy alto (infraestructura, regulación, seguridad, entorno), no hay posibilidad de competir y si no hay posibilidad de competir es mejor no firmar tratado alguno. También deberían programarse agendas internas locales pues pequeñas mejoras a este nivel pueden ofrecer la diferencia para un sector de campesinos.
La defensa de la Agricultura no es la protección. Es la garantía de absorción de cosechas a precios competitivos, recibo a tiempo y pago oportuno. No se trata de fomentar sectores ineficientes. El mercado permitirá identificar si los problemas de costo son remediables y los agricultores colombianos haremos la tarea, siempre y cuando no tengan que quedar en manos de un intermediario que en un minuto y aprovechándose de las denominadas imperfecciones del mercado, acaba con el esfuerzo de un largo período de cultivo y cosecha. Los agricultores estamos dispuestos a recibir las señales del mercado y a participar en la política de administración de riesgos, siempre y cuando nos den acceso democrático a todos los instrumentos que se requieren. Colombia ha hecho un esfuerzo muy publicitado en estos puntos pero no ha logrado llegar a los productores rasos.

Tampoco radica la defensa en la creación de subsidios que mantengan el Status Quo porque estos siempre tienen asignación sujeta a los vaivenes políticos. Es mucho más efectiva la reglamentación de fomento, así como el establecimiento de subsidios diseñados para que las cosas cambien porque los agentes actúan sin la intervención discrecional de funcionarios. El hombre económico siempre actúa motivado hacia la utilidad.

La tarea de elevar la productividad es impostergable con tratado o sin él. Para ello hay que saber que la estructura de la propiedad incide en que el sector agropecuario pueda ejercer el papel que se le asigne, y la parte que se decida exponer al mercado se tiene que aglomerar y constituirse en gigantes administrativos o en potencias tecnológicas. Un elemento fundamental para la agricultura es la constitución de escalas. Otro reto importante es lograr la consolidación administrativa sin fomentar excesivos desequilibrios en la estructura de propiedad, porque una parte muy importante de nuestros campesinos es pobre. Esta es la oportunidad para la asociación, para los gremios, para los programas cooperativos con criterio competitivo. Tales cosas no excluyen la posibilidad de fomentar la presencia de nuevos actores que vengan de sectores diferentes pero con una carga de conocimiento, sentido empresarial y capital suficientes para encontrar buenos negocios en el campo

También debe buscarse que la presión de cultivo no se sitúe en lugares donde el proceso ecológico se haga insostenible. Colombia tiene mucho que hacer en el manejo de la estructura de propiedad de sus tierras de ladera.

Los países andinos tienen un interesante mercado para calidades diferentes a las que consumen los estadounidenses. Este es un filón a explotar, sin que se convierta en una espada de Damocles para los agricultores y ganaderos. El problema de los trozos de pollo, que se venden en Estados Unidos a precio de desecho pero que en Colombia son altamente apetecidos, se replica en los bovinos y porcinos con las vísceras y las calidades inferiores que quedan de los cortes. De igual manera las regulaciones sanitarias pueden pauperizar un mercado como el de los ganados que en Colombia se sacrifican en su mayoría de más de 36 meses, mientras que Estados Unidos solo permite que los animales que van al mercado de esa edad sean utilizados para la industria. ¿A qué precio se van a cotizar nuestros animales? La gran conclusión es que las medidas sanitarias y fitosanitarias también deben tener un esquema de equilibrio en doble vía porque muchas asimetrías son provocadas por normas que producen lo que se puede denominar “dumping de calidad”

El cumplimiento de normas, de otro lado, puede tomarse como un instrumento de competitividad. Su observancia y la demostración de cumplimiento han servido como referencia para casos exitosos de incursión en el mercado americano.

Para Concluir

Desde el punto de vista de los agricultores, hay una conciencia tomada. Somos capaces de enfrentar el reto y estamos dispuestos a dar el debate político para que logren pasar las reformas que garanticen tanto las condiciones legales como los recursos con los que vamos a reconvertirnos con el fin de competir sin desequilibrios en beneficio del consumidor. Nuestra única condición es que el país como un todo salga beneficiado y que el gobierno que negocia se arrogue el papel de avalista de los resultados.

Las grandes dificultades de la agricultura se refieren a su falta de competitividad, desglosada según los estudios del gobierno en problemas de comercialización, costos de transacción e imperfecciones del mercado. Las distorsiones estructurales que los originan no han sido atacadas a tiempo ni han recibido soluciones efectivas y de esfuerzo continuo. Podemos aprender de los problemas que se les han presentado a nuestros antecesores en estos tratados, para lograr una negociación donde una de las alternativas sea la de no firmar; negociación altiva sin sometimientos innecesarios que nos permita la confrontación de objetivos concretos, reglas claras, instancias decisorias de composición equilibrada, referencia a instancias superiores multilaterales y que asegure el futuro que nos tracemos para nuestro territorio. Todo sin olvidar que las políticas se deben diseñar para el consumidor, eso sí en condiciones de competencia sana que es aquella donde las imperfecciones del mercado no prevalecen.