Friday, November 04, 2016

Propuestas de enmienda o reconsideración de los Acuerdos Gobierno Farc, no aprobados por el resultado del Plebiscito del 2 de octubre de 2016, según la sentencia C379/16 de la Corte Constitucional

Presentadas por el ciudadano Luis Fernando Jaramillo Arias con cédula de ciudadanía # 7.514.805
luisfjaramillo@gmail.com

Consideraciones y propuestas de carácter general

1.- No cabe duda que el momento histórico que se ha propiciado con toda la actividad desplegada para lograr los acuerdos de la referencia es muy importante, pero más trascendental es ver el país unido, no polarizado, en la búsqueda de una paz digna. Por eso, si podemos salvar la intención expresada por las partes,  a pesar de todas las dificultades que pueden suceder, se va a salvar un esfuerzo colectivo y se van a preservar la Institucionalidad Nacional, el modelo económico de Libre Empresa, las Libertades, Deberes y Derechos consignados en la Constitución Nacional y el Sistema Democrático con una creíble separación de poderes.
De otro lado, el mundo ve con buenos ojos la posibilidad de un acuerdo en Colombia. Ya le fue conferido al presidente Santos el Premio Nobel de la Paz y muchas instituciones y gobiernos serios están al tanto de las cosas. Sin embargo no cabe duda que hay apoyos que no se ven con buenos ojos por la vocación demostrada de acciones antidemocráticas y contrarias a los derechos humanos que han practicado gobiernos vecinos de izquierda populista.
El texto del acuerdo, escrito con un lenguaje básico y una reiterativa jerga de género que se considera ahora el lenguaje "incluyente", y la permanente referencia a minorías  específicas transmite un sabor de discriminación, sin mencionarlas, contra las mayorías y las personas del común que hemos aceptado el imperio de la Ley emanada por las instituciones legítimas.

Propuesta 1: Depurar el texto de repeticiones y reiteraciones innecesarias que solo confunden y hacen poco inteligible el espíritu de la redacción
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2.- Existe en la redacción una permanente mención a diferentes clases de enfoque pero no hay un glosario que defina conceptos. Las Farc y su asesor jurídico Enrique Santiago Romero son maestros de la ambigüedad para acomodar los textos a su propia interpretación. Se necesita un acuerdo previo para evitar que el país se llene de confusión originada en un partido interesado en llegar al poder para implantar un régimen comunista. Por ejemplo; ¿Qué es enfoque territorial? ¿Qué define un territorio? ¿Quién lo encarna y quién lo representa? ¿Cómo se decide?

Propuesta 2: Agregar un glosario donde se aclare una sola forma de interpretación de todos los conceptos. _________________________________________________________________________________

3.- En referencia a la seguridad jurídica del sistema de libre empresa, hay un aparte que tranquiliza en el capítulo agrario al decir que, en la jurisdicción agraria que se cree, el Gobierno se asegurará de la existencia de un recurso ágil y expedito para la protección de los derechos de propiedad. Sin embargo, en todo el acuerdo se enfatiza en el fomento solo de sistemas de agricultura familiar, se prescriben entregas gratuitas de tierra e inembargabilidad de lo entregado, sin hacer mención alguna a la protección de la agricultura empresarial y a la seguridad jurídica de la libre empresa, de cualquier tamaño que ella sea.

Propuesta 3: Eliminar la gratuidad y los elementos que han demostrado que perpetúan la pobreza y promueven la cultura del no pago. Así mismo, mencionar, cuando se habla de protección a la seguridad jurídica, a la mediana y gran empresa.
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4.- El acuerdo crea una gran cantidad de agencias y comisiones en las que participarían las Farc, como el Pacto Político Nacional, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Unidad Especial de Investigación, el Cuerpo Élite en la Policía Nacional, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción, la misma Jurisdicción Especial para la Paz y muchas más que sustituyen o reemplazan las instituciones vigentes, estableciendo una ‘paraestatalidad’ que haría ingobernable a Colombia.

Propuesta 4: Adaptar las instituciones nacionales, definiéndoles las funciones que deben cumplir en el marco de un acuerdo y crear un mecanismo de límite en el tiempo y prioridad para cumplirlas, similar al que tiene la Acción de Tutela.
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5.- El presidente Santos es un mandatario con bajos índices de aprobación que acaba de perder el esfuerzo de refrendar el acuerdo que suscribió; de otra parte, las Farc tampoco tienen un arraigo popular que provenga de una fuente de legitimidad diferente al uso a su antojo de la presión de las armas, ni hicieron declaración de principios ni de dejación de formas combinadas de lucha en su búsqueda del poder.

Propuesta 5: Prohibir nuevos intentos de eliminar el proceso legal establecido para la aprobación de iniciativas sobre normas, la búsqueda de leyes habilitantes y de reformas e interpretaciones artificiosas de las Leyes, sometiendo los nuevos acuerdos y los mecanismos de implementación a los procedimientos vigentes.
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6.- El acuerdo solo menciona intenciones de las Farc, y no deberes específicos. Igualmente no declara en sumas reales el compromiso de reparación que dicen que van a asumir porque paralelamente expresan que no tienen recursos. En vía contraria, el Estado asume compromisos de ejecutar y monetarios en unos montos que, a la luz de la capacidad fiscal actual, no se pueden cumplir. Es necesario poder monitorear la ejecución, atender la realidad, precisar las fuentes de recursos y cumplir la Regla Fiscal de tal forma que no se trunque el Desarrollo Económico y se mantenga el interés privado por la Inversión.

Propuesta 6: Precisar los compromisos de ambas partes en tiempo y montos de forma trazable y monitoreable.
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7.- La participación es una idea vendedora. Pero hablar de participación sin instrumentos ni fórmulas de decisión es invitar a una 'pelotera' permanente y a una cantinela de derechos que invitarán al chantaje permanente contra el gobierno y el desarrollo empresarial del país. Hay una gran falla en el esquema de participación ciudadana a priori y sería interesante pensar mejor en el control ciudadano a posteriori como un mecanismo complementario a la acción democrática y al sistema representativo. Cuando se tiene una participación caótica, la probabilidad de que impere el que más grita, que aparezca el chantaje de masas o que alguno se aproveche de la ignorancia de la población, se torna alta y puede conducir a decisiones de malas consecuencias.

Propuesta 7: Definir los mecanismos de participación ciudadana con el establecimiento de un claro sistema de decisiones y el alcance de ellas.
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8.- El acuerdo privilegia de manera clara un grupo de personas. Los demás ciudadanos, más del 99,9% de la población total, resentimos esta discriminación y muy seguramente muchos se preguntarán si no es mejor ser “malo” (Subversivo)  que “bueno” (Sometido a la Ley).

Propuesta 8: Agregar la opción que quien se quiera acoger a los privilegios judiciales concedidos por el acuerdo a los subversivos lo puede hacer mediante un mecanismo expedito. Ciudadanos, militares, condenados y sindicados. Así mismo limitar hasta el extremo los beneficios económicos para los miembros de la guerrilla, a los que no acceden los ciudadanos del común.
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Sobre Justicia Transicional

9.- El tribunal especial que consta de 64 magistrados de los cuales 14 son extranjeros, que no tiene tiempo de vigencia, puede revisar todas las sentencias y decisiones de las Cortes, la Procuraduría y la Contraloría, puede funcionar como un tribunal Ad-hoc que funciona hacia atrás y no se sabe cómo se compatibilizará la nueva justicia con la Justicia vigente.

Propuesta 9: Eliminar las instituciones de justicia paralela, dejar la Administración de Justicia en cabeza de las instituciones vigentes y establecer una fórmula de tiempo que, de manera similar a lo que sucede con la Acción de Tutela, presione el funcionamiento del sistema.
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10.- El acuerdo establece un sistema que elimina el principio del caso juzgado y permite que, con iniciativas de algunas organizaciones se rehagan procesos y se pueda sindicar a personas sin suficientes argumentos, pues no solo la Fiscalía General de la Nación puede acusar a los ciudadanos.

Propuesta 10: Eliminar la retroactividad establecida para la Justicia Transicional y dejar solo en la Fiscalía la potestad de acusar a los ciudadanos.
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Temas rurales 

11.- El sector Agropecuario es el único de la economía que se menciona taxativamente en el acuerdo suscrito, para intervenirlo. El capítulo Agrario es el programa de las Farc en las zonas rurales, con todo el detalle de acciones específicas, con bienes públicos para todos sin mención de costos ni de fuentes de recursos para conseguirlos, siempre con lenguaje de género y visión comunitaria. Hasta promueve la organización de compras públicas estilo IDEMA, que con tanta dificultad se logró desmontar para evitar la corrupción que este tipo de mecanismos conlleva, como lo puede testimoniar Colombia en aquel caso y en los días actuales se puede observar en Cuba con su Libreta de Racionamiento y sus TRD, así como en Venezuela con sus CLAPS.
Por otra parte, el acuerdo echa por la borda todos los esfuerzos bien intencionados del Estado Colombiano durante muchas décadas por resolver los problemas nacionales, a través de los mecanismos posibles en una Democracia imperfecta pero al fin y al cabo Democracia y da por hecho que existen unas causas objetivas en el accionar de la guerrilla, aceptando que se deben “Solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños.” La mención adicional del "problema estructural de la tierra" y la prescripción de mecanismos de diálogo comunitario con las empresas en los que seguramente habrá imposiciones de las comunidades. En la realidad, es la aparición de un nuevo modelo económico en el campo y la reafirmación de un inaceptable mecanismo que abre las vías a una riesgosa democratería Ad-hoc. Las empresas rurales son las únicas que se tocan en el acuerdo y se les condiciona su accionar a dispensas de comunidades y otras instancias creadas por el instrumento.
Es afortunada la mención a la seguridad jurídica y social, especialmente a la pequeña y mediana propiedad rural, pero no se protege la agricultura empresarial como el medio más adecuado para avanzar en la provisión de bienes públicos rurales, el mantenimiento  de la formalidad y la forma más idónea de promover la sustitución de cultivos ilícitos.

Propuesta 11: Poner la agricultura empresarial en el mismo nivel de los demás sectores económicos de la nación, prescribiendo su apego a la Ley, eliminando las restricciones y consultas y mencionando taxativamente el respeto a la propiedad privada, al modelo económico de libre empresa y la protección de la seguridad jurídica para todos.
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Sobre Participación Política 

12.- Los partidos tradicionales, vilipendiados y corrompidos en muchas de sus estructuras, como también lo han sido los políticos, los gobiernos, las empresas. Sin embargo, esos son los que tenemos porque, como lo dijo alguna vez el Darío Echandía, “debemos saber que no estamos en Dinamarca sino en Cundinamarca”. El mismo dirigente expresó que “es mejor echar lengua que echar bala” y por eso se justifican los acuerdos. Pero ellos no pueden ser discriminatorios contra nadie y en este caso lo son los partidos. Es importante que puedan participar en igualdad de condiciones, obtengan equilibrios que les permitan también, así como el partido que constituyan las Farc, asesorar en la programación del canal institucional de televisión para la divulgación de sus respectivas plataformas políticas. También se discrimina en favor de las Farc cuando se les permite influir en la conformación del tribunal de justicia transicional y de tantas otras comisiones, pero se prohíbe a los partidos políticos hacerlo.
Se acordó que a la guerrilla de las Farc, se le iba a dar 5 senadores y 5 representantes a la Cámara “gratis”. Adicionalmente, se crean 16 circunscripciones electorales especiales donde para acceder a la representación no pueden participar los partidos tradicionales. Esto significa que en las zonas donde las personas tendrían esas circunscripciones, se podría votar por representantes de las mismas y por los representantes de la circunscripción departamental con doble voto. La práctica será que las Farc tendría, además de los congresistas otorgados sin costo electoral, la totalidad de los 16 representantes de las circunscripciones electorales especiales.
Fuera de lo anterior, tendrían 10% del presupuesto de los partidos, un 5% más para publicidad y otro 5% para un centro de pensamiento; un canal institucional de televisión y 31 emisoras comunitarias manejadas por Ecomún; por último, participación en los presupuestos de las zonas especiales.

Propuesta 12: Incluir las fuerzas vivas del país y concretamente a todos los partidos en todas las opciones que se otorgaron a las Farc. Eliminar las circunscripciones especiales y las prebendas de manejo de emisoras y presupuestos que se les otorgaron a las Farc, igualando en todo las posibilidades de los demás partidos y permitiendo el libre juego democrático en todo el país. De la misma manera, Buscar que los partidos tradicionales participen y obtengan equilibrios en la comisión con representantes de los partidos y movimientos políticos y organizaciones y movimientos sociales más representativos para asesorar en la programación del canal institucional de televisión cerrada orientado a los partidos para la divulgación de sus plataformas políticas.

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Sobre fin del conflicto

13.- Es posible pensar, por la redacción, que todos los que estén en los campamentos tenga cada uno un arma. Eso significaría que es difícil el ingreso de colados pero no es imposible que cualquier revólver  hechizo sea considerado un arma que acredite un guerrillero sujeto de beneficios y subsidios.

Propuesta 13: Aclarar en los protocolos de fin de conflicto y entrega de armas que la lista de miembros de la guerrilla se debe entregar con anticipación

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