Defender la Educación 210703

Por Luis Fernando Jaramillo Arias

La Universidad del Quindío nació antes que el departamento[1], en 1960. Más de sesenta años de historia con la ilusión de tener una institución en la que la educación fuera el gran nivelador social para la juventud de nuestra región.

Uniquindío no ha escapado a la politiquería regional y por eso la única universidad pública del departamento, que ha hecho grandes esfuerzos por acreditarse en calidad y ponerse al nivel de las mejores del país apenas ocupaba en enero de 2021 un raquítico puesto 43 en el ranking QS nacional[2] A pesar de eso tenemos egresados destacados entre los que figuran Jhon Carlos Castaño Osorio un notable docente doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas, Mary Grueso Romero, una escritora, poetisa, y maestra nacida en Guapi y muchos más que me han deparado su amistad.

Durante los disturbios en los que ha degenerado la protesta de los últimos dos meses, un grupo de personas de la denominada “primera línea” hace tres semanas ocuparon la sede de la Universidad y, según testigos y fotos publicadas, los daños a la infraestructura física de la UQ, a la entrada principal, al edificio administrativo y al edificio de Ciencias Básicas son impresionantes. Se dice también que hay daños a los equipos de cómputo, servidores, mobiliario y muchos otros.

Lo que tenemos hoy en la Universidad es delicado. No se entiende cómo un puñado de personas amparadas en la Autonomía Universitaria[3] arrodillen la institución, al gobernador, al rector, a la mayoría de los estudiantes. El rector Echeverry se pronunciaba el pasado 29 de junio diciendo que abogan por el diálogo, por la discusión, por hacer al interior de la Universidad las mesas necesarias para que los equipos discutan, se organicen y estructuren propuestas y proyectos en beneficio de la comunidad universitaria. Sin embargo, se produjo la noticia que “los ocupantes no son estudiantes y entre ellos hay personas que no tienen para dónde ir y por eso piden que no sean judicializados y dicen que necesitan ayudas como ollas comunitarias y programas de vivienda”

No nos equivoquemos. No podemos condenar a nuestra juventud a una educación ideologizada, superficial e ineficiente que los conduce a un futuro con altas posibilidades de fracaso. Tenemos que ofrecer a TODOS los jóvenes QUE ESTÉN DISPUESTOS A HACER EL ESFUERZO, un sistema educativo de alto nivel que asegure que se pueda tener un punto de partida común que permita luego las legítimas diferencias de ingreso de acuerdo con el talento, el trabajo y el servicio que cada ciudadano presta a la comunidad, nivelando por lo alto la educación escolar, la técnica y la universitaria. La nación no se puede permitir la injusticia de dejar deteriorar la educación pública en establecimientos que acepten repitentes eternos en sus aulas, que no evalúan sus docentes, que permiten estas invasiones de salteadores como lo están haciendo muchos colegios oficiales y universidades como Uniquindío.

El gobernador del Quindío, el ministro de Justicia y los abogados de la llamada “primera línea jurídica” acordaron que los vándalos invasores saldrían el 1 de julio, que a cambio de eso no serán judicializados. Los funcionarios del gobierno suplantando las autoridades judiciales, y ante ese “pacto blando”, los manifestantes decidieron no cumplir esa fecha y dejarla para el 4 de julio.

Tenemos que defender la universidad pública y buscar que sea la de mejor calidad de educación pero para eso necesitamos gobernantes con autoridad y consistencia que no piensen en la próxima elección sino en la próxima generación[4]

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[1] El Congreso de la República después de una gestión liderada por los parlamentarios Silvio Ceballos y Ancízar López López, aprobó el proyecto de Ley que lo creó el 19 de enero de 1966 y se oficializó su iniciación como departamento el 1 de julio de 1966.

[2] QS World University Rankings es una ordenación anual de más de 800 universidades del mundo con la intención de servir simultáneamente como clasificación sectorial y regional, empleando para ello seis métricas que capturan el rendimiento de las universidades. Una metodología similar se utiliza para América Latina y también para Colombia.

[3] el Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia dice: Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. No se lee aquí que ellas sean “repúblicas independientes” como lo interpreta el gremio que las aglutina.

[4] Esta frase que se atribuye a Otto von Bismark, posteriormente fue utilizada por Winston Churchill al hablar del imperativo para los gobernantes que significa ocuparse de la educación de calidad.