La renta mínima, una mala idea 210313

Por Luis Fernando Jaramillo Arias

En Colombia estamos transitando un sendero con muchos riesgos. En primer lugar, la manera de hacer política ha conducido a lo que se llama la “clientela” o “la maquinaria” que es un grupo de personas que se ha acostumbrado a que el político sea su proveedor de trabajo, de influencia para conseguir algún servicio o de recursos de alguna especie. Esta ha sido la escuela de los "profesionales en elecciones" que ganan comicios sin vergüenza alguna para gobernar en beneficio propio a espaldas de las necesidades sociales.

Un segundo riesgo es el uso de la justicia como arma política. El objetivo es una sentencia que aprese la persona para acallarla, para perjudicarla, para eliminarla de la contienda política. Hay múltiples ejemplos recientes de esa ignominiosa actuación.[1]

Un tercer riesgo es la imposición de una secuencia identificable promovida en buena medida por sistemas de comunicación social aprovechados de manera torcida que logran una desorientación que entroniza el populismo, el arte de engañar prometiendo lo imposible para obtener dividendos electorales a través de los cuales se logra el poder.

Con buena intención, han surgido iniciativas de promover programas solo restringidos a la condición de pobre. Tengo que manifestar mi desacuerdo con esas ideas que para mí son el primer paso para llegar a la carnetización de beneficiarios, a la organización del suministro de "CLAPS"[2] y carnets patria de los que usan en Venezuela y en Cuba, y a la eternización de la esclavitud que ha representado que la gente vea a los políticos como proveedores. En el SISBEN hay todo tipo de colados y para los empresarios es conocida la expresión "le trabajo al jornal; no le firmo contrato porque pierdo el SISBEN", el subsidio a desplazados, las familias en acción y muchos de los subsidios que con buena intención pero con malos resultados se han inventado nuestros legisladores y gobernantes.

La política seria tiene que generar programas sociales para proteger a los más pobres entregándoles bienes y servicios en especie solo a los niños, a personas de la tercera edad e incapacitados permanentes y, a los demás en condiciones de trabajar oportunidades, independencia suficiente y calidad de vida que les permita eliminar esa condición de clientela, disminuir la posibilidad de convertirse en tribuna de la justicia injusta y adquirir reflexión suficiente para no caer en las garras de los populistas.

En una sociedad como la nuestra donde impera el "avispado" lo que se tiene que estimular es el esfuerzo, la recompensa por el logro, no el incentivo a permanecer pobre.

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[1] Procesos como los iniciados al expresidente Uribe por manipulación de testigos, a Andrés Felipe Arias y a muchos de los funcionarios de su administración; el llamado “cartel de la toga”; las actuaciones de los entes de control que después de iniciar una investigación con gran despliegue mediático, exoneran el sindicado; la justicia de micrófono tan utilizada por nuestros magistrados.

[2] Los Comités Locales de Abastecimiento y producción CLAP y Bonos de la Patria, los cuales están supeditados a un instrumento político como el Carnet de la Patria. Lejos de constituir verdaderos programas  sociales sustentados en políticas públicas sólidas dirigidas a la protección de grupos vulnerables, hoy constituyen un foco de incentivos a la corrupción sin capacidad de atender la Emergencia humanitaria compleja y, aún peor, son utilizados como estrategias clientelares y formas de manipulación con base en las necesidades más básicas de la población. Informe de “Transparencia Venezuela” capítulo venezolano de la ONG internacional capítulo nacional de “Transparencia Internacional” https://transparencia.org.ve/