Justicia para una pobre viejecita y otras trascendencias 200801
Por Luis Fernando Jaramillo Arias
Erase una viejecita sin nadita que comer sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez.
Bebía caldo, chocolate, leche, vino té y café y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber.[1]
La Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de Armenia
Quindío Nineyi Ospina Cubillos, una funcionaria de gran experiencia en la rama
judicial comoquiera que ingresó a ella en abril de 1.997, impartió justicia. El
pasado 23 de julio, mediante sentencia de tutela ordenó la protección al mínimo
vital a su colega abogada Mónica del Pilar Gómez Vallejo Procuradora 14
Judicial II para asuntos ambientales y agrarios de Armenia.
La pobre viejecita Gómez Vallejo se gana un sueldito de $28.134.930
que apenas le alcanza para vivir. El cruel gobierno de Iván Duque decretó el
pasado 15 de abril un infame impuesto solidario para que las personas de
mayores ingresos contibuyeran durante tres meses con un porcentaje de sus
ingresos en las medidas para atender los problemas de la emergencia.
Quién dijo miedo. La pobre viejecita acudió a nuestra
justicia de babas, a esa que se olvida condenar a los culpables de delitos de
lesa humanidad, a esa a la que en 2019 llegaron denuncias por 1’477.989 delitos
de cuyas investigaciones se archivan siete de cada diez, a esa que Nestor
Humberto Martínez denunciaba porque la impunidad llegaba al 99%, a esa que le
permitió al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos,
salir a “pasar vacaciones” en Canadá. Esa misma justicia, no coja sino cuadrapléjica,
sí se mueve para prohibirle al Presidente Duque mencionar la virgen de
Chiquinquirá y se movió con prontitud para atender la protección al mínimo
vital de la abogada Gómez y le ordenó a la Procuraduría General de la Nación
que no le descuente el impuesto solidario a esa pobre viejecita. En cualquier
país del mundo el riesgo de cometer un delito y acabar en la cárcel es alto; en
Colombia parece que el riesgo que se corre es mínimo y que los casos que sí
tienen alta probabilidad de éxito son este tipo de casos babosos.
Me pregunto cuánto tiempo remunerado por los colombianos
gastaría la abogada Gómez Vallejo en redactar su tutela y cuánto tiempo
perderían funcionarios de la Presidencia de la República y de diez y siete
ministerios en responder los requerimientos de la también muy ocupada juez
Ospina.
Con la ayuda de funcionarios solidarios como la procuradora
Gómez, Colombia podrá confiar en que la Justicia sea pronta y cumplida,
especialmente en los casos en que queramos “disfrutar las pobrezas de esa pobre
y morir del mismo mal.”
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