De repente, todo cambió 200523

Por Luis Fernando Jaramillo Arias

El economista Juan Carlos Echeverri enunciaba en un escrito una serie de cambios que hemos vivido en este 2020 que él denomina el comienzo del siglo 21. En esa línea, quiero proponerle a mis amables oyentes y lectores que hagamos un ejercicio mental sobre los muchos que hemos experimentado en nuestras vidas a partir de la declaratoria de emergencia y de las restricciones a la movilidad producto de las acciones gubernamentales. Voy a exponer parte de mi lista pero también me gustaría recibir ideas sobre los cambios que ha vivido cada uno de ustedes para completarla con otras visiones.
Voy a empezar con cambios al nivel más amplio, enumerando algunos para dejar otros en el análisis de columnas posteriores:

1. Estados Unidos, que era la meca del libre comercio, comenzó un retroceso hacia el proteccionismo con aranceles y malos tratos a sus anteriores socios comerciales.

2. Los mercados que se movían principalmente por la oferta y la demanda dejaron de atender estas señales para convertirse en un instrumento manipulable. Por ejemplo, las negociaciones entre Rusia y Arabia Saudita han conducido el precio del petróleo a unos niveles que tienen en serios aprietos a economías dependientes de hidrocarburos como Colombia, México y Venezuela.

3. El gobierno colombiano ha repartido más dinero en estos dos meses que lo que ha repartido durante décadas. Pareciera que se hubiera encontrado una guaca que no es otra cosa que la emisión monetaria, remedio muy eficaz para la parálisis económica pero peligrosísimo en momentos de actividad normal. La gente se puede habituar a recibir sin trabajar y en eso pasa lo que en los alcaloides utilizados para calmar el dolor: Saberlos suministrar es tan importante como quitarlos a tiempo para evitar que el paciente se envicie.

Y para terminar, hablaré de algunos cambios en el diario vivir y en las sensaciones que experimentamos:

1. A consecuencia de las reuniones virtuales, ahora somos más puntuales.

2. Hemos visto la juventud estudiando desde sus casas, con la consecuencia de que la socialización cara a cara ha cambiado por la introducción de relaciones sociales a través de los medios electrónicos.

3. Hemos valorado más el trabajo doméstico y hemos apreciado el esfuerzo que representa

4. Se ha despertado la afición a las recetas culinarias.

5. Ha cambiado el sistema de distribución y ventas de muchos productos que se ordenan por teléfono, por correo electrónico o por redes sociales y se entrega en domicilios.

Ayúdenme con sus aportes para que hagamos una lista larga que nutra la conversación sobre el cambio. Se pueden remitir a mi correo electrónico luisfjaramillo@gmail.com, a mis redes sociales o a mi Whatsapp 310 423 4461

Planes de Desarrollo 200516

Por Luis Fernando Jaramillo Arias

Entre las muchas noticias de corrupción y las de Coronavirus, han pasado relativamente desapercibidas las discusiones y debates tanto en la Asamblea Departamental del Quindío como en el Concejo Municipal de Armenia sobre los planes de desarrollo de los gobiernos que comienzan.

Los Planes de Desarrollo son la carta de navegación de los gobiernos que tienen un profundo significado político pero también un componente técnico, además de una necesidad pragmática, que implican un exigente esfuerzo de coordinación y articulación obligatorio, con otros instrumentos de planeación.

El componente político es el plato que resulta de una receta que consiste en mezclar el aporte del Consejo Territorial de Planeación, una instancia importantísima de participación de la sociedad civil, con las mesas de consulta ciudadana y el programa del alcalde o gobernador, inscrito en la Registraduría Nacional de Estado Civil al momento de inscribirse como candidato.

El componente técnico aparece en la articulación de ese programa de gobierno con el plan de ordenamiento territorial vigente. El POT es un instrumento de planeación de obligatorio cumplimiento y por tanto también debe estar inserto en el Plan de Desarrollo. Pero además, los planificadores tienen que tener en cuenta los acuerdos y tratados internacionales que son un compromiso de país. ¿Cómo no tener en cuenta, por ejemplo la responsabilidad adquirida por Colombia de reducir en un 20% las emisiones de Gases Efecto Invernadero?

Y está la necesidad pragmática. Un departamento pequeño como el Quindío o una ciudad mediana como Armenia, ambos en precarias condiciones económicas y con inmensas necesidades sociales, dependen muchísimo de la gestión que hagan sus gobernantes para obtener recursos y para eso tienen que contar con el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno central. Si eso no se hace, no hay plata y todo se va en proyecticos de menor calado, en burocracia de secretarías e Institutos descentralizados.

Hoy apareció un nuevo componente. La pandemia universal va a conducir a lo que ahora se llama la “nueva normalidad”. Esa nueva realidad a la que nos enfrentamos dejó desactualizados casi todos los planes y programas que hoy tenemos al frente.

Concluyo con un llamado tanto a la Asamblea departamental como al Concejo municipal para que revisen en detalle la articulación necesaria de los planes y, simultáneamente, hago una petición al gobierno nacional para que aplace la fecha límite para la aprobación de los Planes de Desarrollo con el objeto de que los gobiernos los adapten a los cambios de la nueva vida que se nos llega. Todos estos planes se comenzaron a redactar antes de aparecer el Coronavirus en Colombia.

200425 Propuesta para aumentar el ingreso a los trabajadores en 45% sin aumentar el costo para los empleadores

Por Luis Fernando Jaramillo Arias

En este tiempo nos preguntamos con frecuencia cómo podremos lograr que nuestros trabajadores tengan una remuneración adecuada y cómo lograríamos de manera simultánea que los negocios y empresas pudieran salir adelante. Cuando hablo de negocios y empresas me refiero a aquellos que tienen sus trabajadores formalizados y que están conscientes de su nivel de responsabilidad social

El objetivo de mi propuesta es buscar un ingreso simple y transparente para todos, logrando la formalización del trabajo general y permitiendo que el costo de la Seguridad Social sea soportado proporcionalmente a lo que cada uno obtiene como ingreso.

La ley laboral colombiana es generosa en opciones y excepciones, siempre con la intención de proteger el trabajador, y para eso hemos llegado a un sistema excesivamente complejo que ha dado lugar a abusos de uno y otro lado. Un galimatías que ha hecho que ni los trabajadores sepan cuánto reciben ni los patronos sepan cuánto les cuesta.

Se oye decir “no me afilie al seguro porque me sacan del SISBEN” o “porque me sacan de familias en acción” o “porque pierdo el subsidio de los desplazados” o “porque no voy a recibir jóvenes en acción”. Todo esto fomenta la informalidad, el incumplimiento de la ley y crea un sesgo competitivo contra las empresas que sí cumplen sus obligaciones.

Para 2.020 se decretó un salario mínimo de $807.803. Con esta base, el costo para una empresa que cumple sus obligaciones formales está en $1.796.722 que están representados en lo que se paga en efectivo, los aportes a la Seguridad Social, parafiscales, las prestaciones y derechos legales que tienen los trabajadores colombianos

Esas sumas por encima del salario mínimo nominal son las que se roban las personas que hacen contratación informal. En consecuencia, mi propuesta sencilla es pagarle a la gente no el salario mínimo nominal sino el 45% por encima en pesos de hoy, aumentando su ingreso en $402.813 para que la persona reciba $1.280.616. La diferencia con el costo se podría consignar en entidades encargadas de administrar los aportes a la Seguridad Social, las dotaciones de trabajadores y el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

El comprobante de los pagos nómina o el recibo firmado y el soporte de la consignación en la entidad correspondiente de protección social. Sin la entrega de este recibo se dará por no pagado el salario con un plazo amplio para la prescripción de la obligación, de tal manera que los trabajadores tengan forma de defenderse contra aquellos que les roban la posibilidad de tener una protección social y un ingreso digno.

200411 Formalicemos las relaciones de trabajo (Experiencias y conclusiones del encierro, nota 1)

El presidente Duque, muchas veces ojeroso, acompañado de ministros también ojerosos, nos informa detalladamente todos los días sobre la evolución de la situación y sobre las medidas que han tomado para sortear la crisis. El gobierno nacional nos ha dado ejemplo de trabajo y buen manejo de la situación.

Ya hemos hablado de los trabajadores de la salud que se merecen el aplauso diario de las 8 de la noche, así como de los otros exceptuados de la norma de aislamiento, que nos atienden con ese valor civil digno de nuestro agradecimiento.

Pero hay otros en los que muy poco se ha pensado, con una angustia inmensa, que son personas conocidas con necesidades que a ellos mismos se les dificulta reconocer. Profesionales por cuenta propia, ediles y presidentes de juntas de acción comunal, periodistas independientes. En casi todos los casos, las personas genuinamente piensan que no tienen ingreso suficiente como para contribuir al sistema de seguridad social.

¿Quién de nuestros empresarios no ha oído la expresión “no me dejo afiliar al seguro porque pierdo el Sisbén”? ¿Quiénes no han tenido la dificultad de formalizar trabajadores porque dicen perder el subsidio a los desplazados, a las familias en acción, a los excombatientes?

En Colombia tenemos una informalidad del 47,2%, y en Armenia ese porcentaje asciende al 57%.

Las instituciones fomentan la informalidad del trabajo en el país. Si hablamos de economía cafetera, he oído la expresión que “la caficultura no alcanza a pagar el Código Laboral”, y veo con frecuencia ofertas de pólizas para cubrir accidentes personales con un costo por persona entre 20 y 27 mil pesos mensuales, que tienen implícito el reconocimiento de que se ofrecen para jornaleros informales. Así tranquilizamos nuestra conciencia e incumplimos la norma con la paradoja de que muchos caficultores propietarios no cotizan a la seguridad social.

El ejemplo viene desde el Estado. Con contratos de servicios o nóminas paralelas en todas las instituciones públicas los gobernantes se aprovechan de la necesidad de las personas y los contratan por 10 meses, los hacen trabajar más tiempo, y los condicionan a un apoyo en votos, evadiendo la situación real. Ayer mismo estuve revisando documentos elaborados por abogados contratistas del municipio de Armenia. Quisiera preguntarles a estos profesionales si sienten que su contratación está sujeta a la legalidad o a su realidad en la vinculación.

Al salir de la emergencia, el gobierno debe hacer un gran esfuerzo para estabilizar la economía y para formalizar el trabajo de todos los colombianos. Esa tarea se debe adelantar con valentía política y con creatividad. El Coronavirus nos enseñó que la formalidad en el trabajo es una garantía para esperar una protección digna.

VIENTOS DE CAMBIO 200404

Por Luis Fernando Jaramillo Arias

Llegó la hora de pensar en cambios. Los que por ventura tenemos la posibilidad de pasar la cuarentena en una casa grande o en una finca, tenemos la obligación de dar la mano a nuestros conocidos que sabemos que están pasando dificultades o que tienen que aguantar el encierro (no puede llamarse de otra manera) en una casa o en un apartamento estrecho en compañía de una familia quizás numerosa. Son condiciones diametralmente opuestas sobre las cuales debemos meditar.

Hablamos de indisciplina social y se debe controlar; pero también tenemos que pensar en que a veces que el desespero de nuestros semejantes por las malas condiciones en que viven o, aún más, que viven en la calle, los expulsa a deambular o a la búsqueda de un pedazo de pan. Hay que tenerlos en cuenta. Una gran cantidad de compatriotas vive en condiciones muy difíciles. Ese no es secreto para nadie.

Hemos visto un gobierno actuante, con un presidente a la cabeza que ejerce, que está enterado, que ha hecho un protagonismo discreto, que se ha asesorado de expertos y hasta hoy, el país presenta resultados sobresalientes. Ha demostrado que es el líder que se requiere en la hora que vivimos y que merece nuestro apoyo y disciplina para moderar la expansión del virus.

Ese gobierno se enfrenta hoy a un delicado problema adicional. Es algo similar a lo que sucede cuando uno se sumerge en una piscina: Que resiste mientras le dura el aire y luego tiene que salir. Así sucede con la vida, la economía y el empleo. El dilema es simple y fuerte: No podemos llegar a un punto de freno a la economía tal que sean más los muertos por hambre y violencia que por la enfermedad. El país debe lograr ese equilibrio.

Muchos cambios se producirán de manera espontánea. ¿Cuándo llegamos a pensar en que podríamos ser calificados en algún desempeño como mejores a los Estados Unidos? ¿Cuándo creímos que se iban a producir precios negativos en petróleo en algún momento? ¿Cuándo nos imaginamos que nos iban a pedir que no viéramos a nuestros nietos?

Otros cambios los tendremos que imprimir en nuestra manera de pensar, hasta en nuestra manera de saludar. Los demás cambios vendrán en la economía, en las relaciones de trabajo, en la diplomacia internacional, hasta en lo que hasta ahora se consideraban enemigos de guerra.

Tenemos que reinventar la agricultura, la arquitectura, el periodismo, el aseo, el urbanismo, el procesamiento de alimentos, la distribución al por menor, los servicios médicos, el turismo, casi todo lo del mundo de hoy. He ahí oportunidades para nuestro Quindío. Vale la pena vivirlas y aprovecharlas.

El lanzamiento de Armenia como Zona Económica y Social Especial ZESE 200314

Por Luis Fernando Jaramillo Arias

El jueves de esta semana, el ministro de Comercio Industria y Turismo, el alcalde de la ciudad y el gobernador del departamento, hicieron el lanzamiento de Armenia como ciudad ZESE, zona económica y social especial. Esta concesión que hizo el gobierno nacional a nuestro municipio, tiene como objeto darnos una nueva oportunidad de redención de ese problema endémico que tenemos de desempleo.

Tener un impuesto de renta igual a cero durante los primeros cinco años, y luego pasar a pagar solo el 50% de la tarifa vigente en el año que corresponda durante los cinco siguientes, es algo a lo que cualquier empresario aspiraría. Esa nada menos es la ventaja para las sociedades comerciales que se constituyan en Armenia, en un plazo que expira el 24 de mayo de 2022, o las sociedades comerciales existentes constituidas bajo cualquiera de las modalidades definidas en la legislación vigente, en actividades industriales, agropecuarias, comerciales, en servicios de salud o de turismo, con el cumplimiento de unos pocos requisitos en materia de generación de empleo. La ley todavía aguarda un par de detalles de reglamentación, pero seguramente se logrará un buen resultado.

Y es que en esta ocasión, a diferencia de lo sucedido con la Ley Quimbaya, la oportunidad es solo para Armenia y la ventaja comparativa solo se puede aprovechar si la empresa se constituye o está asentada en la ciudad.

Invito a mis conciudadanos a que hagamos el esfuerzo permanente de difundir la declaratoria para Armenia de las ZESE; exijamos al gobierno que después del lanzamiento dedique tiempo y recursos a hacer esta labor y muy especialmente a empeñarse en despejar del camino los obstáculos que se han presentado en la ciudad para que los empresarios vean sus oportunidades aquí. En mi opinión, son tres los principales problemas a enfrentar: El primero, los servicios públicos, deficientes y costosos para las empresas; el segundo, una definición rápida en el POT sobre cuáles son las zonas en las que se pueden instalar empresas, para que se perciba la seguridad jurídica; el tercero, buscar la mayor pertinencia posible en la educación de los potenciales empleados de las empresas que les van a proporcionar trabajo. Es muy paradójico el reclamo que con frecuencia oigo de los empresarios quindianos: A pesar de la alta demanda por puestos de trabajo, muchos de nuestros empleados, no tienen los conocimientos ni la actitud que se espera de alguien cuando está al servicio de una empresa. Eso debe cambiar y el esfuerzo es del gobierno, de las instituciones educativas y de los mismos aspirantes a servir en las empresas que se instalen en la ciudad.

Aprovechemos la oportunidad que nos han brindado el gobierno nacional y el congreso de la república, en la materialización de un esfuerzo hecho por el representante Diego Javier Osorio Jiménez, al introducir en el Plan de Desarrollo Nacional ese artículo 268 de la Ley 1955 de 2019