El escarmiento que podemos dar los ciudadanos 211023

Por Luis Fernando Jaramillo Arias

Hemos vivido tiempos de confusión conceptual. Con mucha frecuencia pareciera que la justicia condena a los que presumimos inocentes, absuelve a los que presumimos culpables y además los trata muy bien.

Los jueces están desacreditados pero son las propias instituciones del poder judicial las que han dado lugar a ese descrédito. ¿Un magistrado de alguna de las cortes condenado? ¿Prófugo? ¿Un fiscal anticorrupción condenado por corrupción preso en un centro de reclusión militar en lugar de estar como estaba en la cárcel Modelo en Bogotá?

¿Y Emilio Tapias condenado por el caso del cartel de la contratación en Bogotá y ahora pillado con las manos en la masa en Barranquilla pidiendo ser detenido en una guarnición militar en Malambo?

En el Quindío las sorpresas no son menores y también tratamos bien a nuestros delincuentes.

La semana que termina nos trajo dos noticias. La gobernadora durante el periodo 2012 2015, Sandra Paola Hurtado Palacio, destituida y sancionada con una inhabilidad de 11 años para el ejercicio de cargos públicos por la Procuraduría General de la Nación por incumplimiento de normas contractuales apareció en mesa principal con anturios blancos, rojos y vistoso follaje verde de honor al lado de importantes personajes del Centro Democrático con pendones del partido. Se le aplaudió y la elogiaron.

La otra, tal vez más sonada porque corresponde a un robo a toda la ciudadanía de Armenia, la libertad condicional celebrada con francachela y comilona con amigos y parientes de la exalcaldesa Luz Piedad Valencia Franco que según la contabilidad judicial pagó 3 años y 4 meses de prisión de los 6 años y 4 meses a los que había sido condenada por falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, una estafa a la ciudadanía por cobro de coimas a contratistas en obras contratadas por más de $111 mil millones de pesos, con un porcentaje según  documentos judiciales del 10% pagados en efectivo. Más de $11 mil millones que le costaron a Valencia 2 mil cien millones, una ganancia de $9 mil millones. Con la pena intramural purgada, la señora excalcaldesa se metió al bolsillo un “sueldito” de más de $225 millones de pesos mensuales por cuenta de los Armenios. ¿Será que por eso nos preguntamos si “ser pillo paga”?

A los ciudadanos nos quedan dos formas de dar escarmiento a los infames politiqueros que no se cansan de abusar de nosotros. La primera es no votar ni por ellos ni por sus títeres y calanchines que se presentan sin vergüenza alguna en las listas de los partidos; la segunda es la sanción social en la que se exprese el repudio por esas acciones que no son otra cosa que una sustracción directa de los recursos de la sociedad, especialmente de los más necesitados. Porque para ver verdadera justicia, nos falta rato.